Esta operación es fundamental para asegurar el suministro de gas en los meses de mayor demanda, cuando la producción local no logra satisfacer los picos de consumo residencial, industrial y eléctrico. Sin embargo, la decisión también responde a un contexto macroeconómico que busca mitigar el impacto de incrementos externos en las tarifas internas y, por ende, en la inflación.
“La decisión obedece a la suba y volatilidad del precio internacional, agravada por el conflicto en Medio Oriente. No es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema justo cuando la Argentina está bajando el uso de GNL”, indicaron desde el Gobierno. No obstante, subrayaron que el objetivo a largo plazo permanece intacto: “Seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía”.
El plan inicial contemplaba que una empresa privada asumiera funciones históricamente reservadas al Estado, como la compra del combustible en el exterior, la coordinación de la llegada de los barcos, la operación de la terminal regasificadora de Escobar y la venta del gas a distribuidoras, industrias y generadoras eléctricas. También debía encargarse de la administración de inventarios, logística portuaria y riesgos comerciales. Para aquellos que apoyan la gestión del gobierno, se trataba de un mensaje político sobre el deseo de reducir la intervención estatal en un mercado regulado y sensible.
La licitación avanzó durante semanas, culminando en una competencia muy reñida. En la primera ronda económica, Trafigura ofertó una prima de US$4,91 por millón de BTU, mientras que Naturgy ofreció US$4,95. La escasa diferencia propició una nueva instancia de mejora. En la segunda ronda, Naturgy tomó la delantera con US$4,50 frente a los US$4,57 de Trafigura. Sin embargo, ninguna de las ofertas logró convencer al Gobierno.
Los expertos en el sistema reconocen que el problema no radicaba solo en los precios solicitados por las empresas, sino también en el contexto en el que debían llevarse a cabo esos contratos. Externalizar la compra a un privado implicaría un traslado más directo de los costos internacionales hacia tarifas y grandes consumidores, algo que representaría una incomodidad para el Ministerio de Economía durante la temporada invernal.
La guerra en Medio Oriente ha alterado las premisas en las que se estructuró el proceso. El precio del GNL, que a principios de año oscilaba en torno a los US$10 por millón de BTU, ha aumentado a valores de entre US$17 y US$20 en los mercados de referencia. Este cambio ha elevado los costos esperados para el invierno, complicando cualquier decisión relacionada.
