El Presupuesto 2027 contempló para 2026 un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI, por debajo del 1,4% acordado con el organismo internacional y también de la meta original, que había sido fijada en 2,2%. Hasta agosto, el Ministerio de Economía ya había aplicado recortes en programas sociales, gastos operativos y transferencias a las provincias, aunque las proyecciones indican que todavía sería necesario realizar un ajuste adicional.
De acuerdo con una estimación económica, el nivel de ingresos esperado para este año exigiría que el gasto se ubique en torno al 13,8% del PBI. Para alcanzar ese resultado sería necesario recortar otros 0,7 puntos porcentuales durante 2026. De ese total, 0,4 puntos ya fueron ajustados entre enero y agosto, por lo que quedarían otros 0,3 puntos para los últimos cuatro meses del año.
Ese esfuerzo adicional representa unos $3,4 billones. El monto equivale al 36% del presupuesto destinado al Ministerio de Salud o al 60% de los beneficios derivados de exenciones fiscales a empresas. Si se concreta, el recorte acumulado del gasto primario durante la gestión de Milei alcanzaría los 5,5 puntos del PBI.
Entre enero y agosto, el resultado primario acumulado fue equivalente al 1,13% del PBI, mientras que el resultado financiero alcanzó el 0,22%. La segunda revisión del acuerdo con el organismo internacional, aprobada en mayo, estableció para diciembre un piso acumulado de resultado primario de $16,3 billones, luego de que la meta anual fuera flexibilizada del 2,2% al 1,4% del PBI.
La evolución de los ingresos constituye uno de los principales factores de presión sobre las cuentas públicas. La recaudación registró una caída interanual explicada, entre otros factores, por el descenso real del IVA, que retrocedió 6,6%, las contribuciones a la seguridad social, con una baja del 3,5%, y los derechos de exportación.
Del lado del gasto también se produjeron reducciones. Las prestaciones sociales disminuyeron 2,1% y las transferencias a las provincias se contrajeron 42,8%. En sentido contrario, los subsidios energéticos aumentaron 14,4% y los giros destinados a las universidades crecieron 9,8%.
Las proyecciones económicas anticipan que el gasto continuará disminuyendo en términos reales. La reducción acumulada durante el año ronda el 2%, mientras que los ingresos podrían mostrar una mejora interanual debido a que la comparación comienza a hacerse contra meses de 2025 en los que ya se había iniciado el descenso de la recaudación.
La estrategia oficial había apuntado a que el equilibrio fiscal pudiera sostenerse sin recurrir a nuevos ajustes, apoyándose en el crecimiento de la economía y en una mayor generación de empleo formal. Sin embargo, la actividad se estancó y el crecimiento del empleo se concentró principalmente en el sector informal.
El escenario se vuelve más complejo por las diferencias en el modo de contabilizar las privatizaciones. Mientras el Gobierno las incorpora en sus cálculos del resultado primario, el organismo internacional las excluye de la meta por considerarlas ingresos extraordinarios.
Las proyecciones disponibles muestran además una diferencia entre el resultado previsto en el Presupuesto y el compromiso acordado. Mientras el cálculo presupuestario contempla un superávit primario de $15,5 billones para diciembre, la meta establecida con el organismo internacional es de $16,3 billones. Si ese objetivo no se modifica, sería necesario generar un ahorro adicional de $0,8 billones.
Existe, además, un factor contable que favorece el resultado fiscal. La deuda capitalizable no se registra como pago de intereses, debido a que los intereses de esos bonos se incorporan al capital y pasan a formar parte del stock de deuda. Si fueran contabilizados como intereses, el resultado fiscal sería deficitario.
Las estimaciones sostienen que el Gobierno podría alcanzar una meta de superávit primario cercana al 1,3% del PBI, luego de las sucesivas modificaciones desde el objetivo inicial del 2,2%, pasando por el 1,5% y el 1,4%. La posibilidad de mantener el equilibrio financiero también está vinculada al bajo nivel de intereses efectivamente pagados por el sector público, que representan alrededor del 1,1% del PBI.
Para 2027, el Presupuesto prevé un incremento de la recaudación equivalente a 0,2 puntos del PBI, hasta alcanzar el 15,5%. El aumento estaría impulsado principalmente por los impuestos, con una contribución de 0,5 puntos por Ganancias y retenciones, que compensaría el costo fiscal del FAL, estimado en 0,2% del PBI.
El gasto primario también crecería 0,2 puntos del PBI, aunque el esquema contempla una nueva reducción del gasto de capital.
El sostenimiento de este esquema fiscal también estará condicionado por la respuesta social y por el tratamiento de las medidas en el Congreso. El Presupuesto 2027 incluyó modificaciones en áreas como discapacidad, asignaciones familiares y pensiones por invalidez. En ese contexto, el oficialismo presentó en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto vinculado con discapacidad que busca revertir el recorte previsto para ese sector.
La política económica mantiene como eje el llamado “ancla fiscal”, con el objetivo de contribuir al control de la inflación y de la cotización del dólar. Luis Caputo descartó la implementación de un nuevo estímulo al gasto y ratificó la continuidad del rumbo económico durante una reunión con inversores en Nueva York.
Al mismo tiempo, la falta de una recuperación del crédito y del consumo plantea un riesgo adicional para la actividad, ya que una reducción del gasto público en un contexto de estancamiento puede profundizar la contracción económica.
Las proyecciones económicas advierten que el estancamiento y la situación presupuestaria de los sectores más vulnerables podrían poner a prueba la aceptación social del ajuste requerido para cumplir con las metas fiscales de 2026 y 2027, después de un proceso de reducción del gasto superior a cinco puntos del PBI y en la previa de las elecciones presidenciales.
