El Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó su preocupación por los numerosos juicios que Argentina enfrenta en el exterior, los cuales representan un riesgo legal estimado en US$30.000 millones según proyecciones privadas. A pesar de reconocer los esfuerzos del Gobierno en las negociaciones, el organismo internacional instó a una pronta resolución de estos litigios, advirtiendo sobre los riesgos moderados a mediano plazo que implican para el país y su capacidad de cumplir con los compromisos financieros internacionales.
Tras la primera revisión del acuerdo firmado en abril pasado, el staff del FMI abordó específicamente la cuestión de esta deuda contingente que se mantiene en disputa en diferentes tribunales internacionales. El organismo destacó que, si bien el Gobierno está llevando adelante negociaciones de buena fe con los demandantes, es crucial que «se deben resolver los litigios pendientes» para eliminar la incertidumbre que estos casos generan sobre las finanzas públicas argentinas y la estabilidad macroeconómica del país.
Entre los casos más destacados se encuentra la demanda por la expropiación de YPF, que conlleva una condena por US$16.100 millones, una cifra que representa más de la mitad del total de los pasivos contingentes internacionales. El FMI aclaró que este caso aún no está cerrado, ya que Argentina apeló la sentencia ante las instancias correspondientes y también cuestiona el monto de la reclamación, manteniendo la esperanza de reducir significativamente el impacto financiero de esta demanda iniciada tras la estatización de la petrolera durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Los casos más urgentes según el FMI
Asimismo, el organismo hizo hincapié en el caso del Cupón PBI en Londres, que ya cuenta con una sentencia firme en contra del país por 1300 millones de euros, unos 1600 millones de euros según las estimaciones del FMI. Este fallo, que fue ratificado tras el rechazo de la apelación argentina por la Corte Suprema de Londres, se originó por la manipulación de las estadísticas de crecimiento durante la gestión kirchnerista para evitar el pago de intereses de dichos cupones vinculados al producto bruto interno.
Sobre este caso particular, el FMI solicitó que «se deben continuar los esfuerzos de buena fe para asegurar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso de la sentencia de Londres», reconociendo que se trata de una obligación ya firme que debe ser atendida por el gobierno argentino. La presión del organismo sobre este punto refleja la urgencia de resolver un litigio que ya no admite más dilaciones judiciales.
El FMI enumeró tres litigios internacionales en los que el Gobierno argentino se encuentra actualmente negociando con los acreedores, en línea con las recomendaciones del organismo para el manejo responsable de deudas. En primer lugar, el Cupón PBI en Londres, donde tras la sentencia definitiva de octubre pasado por unos 1300 millones de euros, el FMI indicó que el Gobierno negocia un plan de pagos que permita honrar la obligación sin comprometer la estabilidad fiscal.
En segundo lugar, se encuentran los holdouts de la deuda de 2001, aquellos acreedores que no ingresaron a los canjes de 2005, 2010 y 2016. El FMI estimó que representan un pasivo contingente de US$2400 millones y destacó que el Gobierno sigue de cerca las relaciones con estos acreedores, buscando evitar que se multipliquen las demandas judiciales.
Finalmente, el caso Mobil Exploration, donde las negociaciones continúan sobre un plan de pagos por la sentencia adversa de US$196 millones que el país recibió en el CIADI, relacionada con los perjuicios que la pesificación de principios del siglo XXI generó en los negocios gasíferos de la petrolera.
