Un informe de la Junta Directiva de la UIA detalla: “La UIA propone incorporar mecanismos que favorezcan una mayor participación de proveedores de bienes nacionales”. En este sentido, la propuesta busca replicar el porcentaje mínimo de inversión del 20% del RIGI, aplicándolo exclusivamente a bienes con valor agregado local, con el objetivo de priorizar a proveedores de bienes transables, evitando así diluirlo en aquellos que serán contratados de todos modos en el país.
Durante una reunión realizada en la sede de la central fabril, ubicada en Avenida de Mayo, se sugirió adoptar esquemas de integración progresiva, permitiendo así ampliar la participación de la oferta local a medida que los proyectos avancen en sus diferentes etapas de inversión y operación. Asimismo, se planteó la necesidad de establecer reglas claras en colaboración con el sector privado para verificar la disponibilidad y competitividad de los proveedores locales en términos de precio y calidad.
El presidente de la entidad, Martín Rappallini, destacó que “si la Argentina necesita regímenes de excepción para atraer inversiones, el verdadero desafío radica en mejorar las condiciones en las que opera toda la industria”. Con esto, la central busca poner nuevamente en discusión temas esenciales para el sector, que ha sido afectado por las recientes alteraciones en las condiciones macroeconómicas.
En los primeros seis meses del año, los industriales mantuvieron dos reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, pero no lograron un compromiso significativo, salvo una aceleración en la reducción de impuestos. Algunos empresarios sugirieron que, ante los retos que enfrenta el sector por la política de apertura y el retraso cambiario, sería beneficioso que Rappallini asumiera un rol más visible.
Según el último informe sobre el Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al primer trimestre, la industria experimentó una caída del 1,7%, en un momento en que la economía creció un 2,7%. Además, se supo que los industriales están negociando con el Gobierno el restablecimiento de financiamiento para el consumo a través de un esquema similar al Cuota Simple, que reemplazó al plan Ahora 12. En estas negociaciones, se busca reducir los encajes bancarios para facilitar la concesión de créditos con tarjeta por parte de las entidades financieras.
Los industriales consideran poco creíbles las previsiones de Caputo sobre un futuro favorable para la actividad, sugiriendo que la recuperación, ligada principalmente a la minería y el sector energético, no tendrá un impacto significativo en la manufactura a menos que se implementen políticas especiales. Según datos de la UIA, la actividad fabril se encuentra actualmente un 10% por debajo de los niveles de 2022 y, en ciertos casos, entre un 25% y 30% menos. Por ello, insisten en la necesidad de que el Gobierno acelere la promoción de una reducción de la carga fiscal.
De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario, desde su creación, los proyectos registrados en el régimen de grandes inversiones superan los 133.000 millones de dólares. De ese total, más del 22% ha recibido aprobación oficial, mientras que una parte considerable aún está evaluándose administrativamente. El enfoque sectorial de estas inversiones está notablemente concentrado en la minería y el sector energético, que representan más del 99% del total.
El Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) se establece como el equivalente del RIGI pero destinado a las pequeñas y medianas empresas, abarcando proyectos que oscilan entre 150.000 y 9 millones de dólares, dependiendo del tamaño de la firma. Este régimen permite la amortización acelerada de bienes aplicados a los proyectos además de la devolución anticipada de créditos del IVA.
El Gobierno reglamentó el RIMI el 13 de abril mediante el decreto 242/26, una vez aprobada la ley correspondiente. Sin embargo, más de dos meses después de esta formalidad, el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) aún no está operativo debido a la falta de habilitación por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que ha impedido su implementación efectiva.
