Las resoluciones 188 y 189/2026 del Ministerio de Economía establecieron una suba del 4% para el biodiésel, cuyo precio quedó fijado en $2.001.063 por tonelada. En el caso del bioetanol, tanto el elaborado a partir de caña de azúcar como el producido con maíz, el incremento fue cercano al 1,75%.
La actualización de los valores forma parte del esquema vigente de ajustes mensuales, aunque se aplica en un contexto en el que el Gobierno busca evitar que los aumentos generen mayores presiones sobre el precio de los combustibles y la inflación.
En esa línea, se decidió nuevamente postergar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos con el objetivo de reducir el impacto de los costos sobre los consumidores.
El equilibrio entre la evolución de los costos y los precios finales podría verse modificado si avanza la reforma del régimen de biocombustibles que impulsa el oficialismo. Un análisis del sector advierte que elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% podría generar un aumento cercano al 3% en el precio final de los combustibles.
Con la desaceleración inflacionaria como uno de los principales objetivos económicos del Gobierno, cualquier incremento en los valores de la nafta y el gasoil es considerado un factor de impacto más allá del mercado energético.
La iniciativa oficial plantea una mayor apertura del mercado de biocombustibles y una reducción de la intervención estatal, con el objetivo de avanzar hacia un sistema basado en mayor competencia y referencias de mercado para la formación de precios.
Luego de incorporar modificaciones en distintos artículos tras pedidos realizados por representantes del sector, el proyecto reúne el mayor respaldo para obtener dictamen en la comisión correspondiente del Senado.
Actualmente se analizan distintas propuestas para modificar el marco vigente. La iniciativa oficial busca reemplazar completamente la Ley 27.640, sancionada en 2021, y propone elevar progresivamente el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, mientras que el porcentaje de bioetanol en las naftas pasaría del 12% al 15%.
Entre los principales cambios se incluye la creación de un mercado electrónico único para la comercialización de biocombustibles, con acceso público y mayor transparencia, en reemplazo del sistema actual de asignación regulada.
El proyecto también incorpora nuevas categorías de combustibles que actualmente no cuentan con un marco específico, como los combustibles sostenibles para aviación, los destinados al transporte marítimo y el biometano. Estos sectores tendrían un régimen promocional con beneficios fiscales y libertad de comercialización para incentivar nuevas inversiones.
Otro punto relevante es la incorporación del denominado co-procesamiento, que permitiría a las empresas refinadoras utilizar materias primas renovables durante la elaboración de gasoil y contabilizar ese volumen dentro del porcentaje obligatorio de mezcla. La aplicación de este mecanismo sería gradual hasta alcanzar un máximo del 3%.
La modificación del esquema podría cambiar la dinámica competitiva del sector, ya que las empresas con mayor escala e integración productiva tendrían mejores condiciones para participar en un mercado con menor regulación estatal.
Al mismo tiempo, la apertura del sistema podría favorecer nuevas inversiones en áreas con crecimiento internacional, como los combustibles sostenibles para aviación, el biometano y los combustibles marítimos, impulsados por las exigencias ambientales de distintos mercados.
Sin embargo, algunos análisis advierten que el nuevo régimen podría afectar a productores de menor escala debido a la eliminación de ciertos mecanismos de protección y asistencia previstos en la normativa actual.
La reducción de esquemas de apoyo y la eliminación de diferencias regionales podrían obligar a pequeñas y medianas empresas a competir directamente con grandes compañías refinadoras y exportadoras dentro de un mercado unificado.
Además, el cambio en el corte obligatorio de bioetanol podría modificar la distribución regional de la producción. El incremento del 12% al 15% abriría una mayor competencia entre plantas elaboradoras a base de maíz y establecimientos vinculados a la producción de caña de azúcar.
Algunos análisis del sector plantean que las plantas ubicadas en regiones con mayor escala y productividad podrían ganar participación frente a los productores tradicionales del norte argentino, generando un nuevo debate sobre el impacto territorial de la política energética.
Otro de los puntos bajo discusión es el mecanismo para definir los precios. La utilización de referencias de paridad de importación genera dudas sobre la posibilidad de ingreso de biocombustibles del exterior en condiciones desfavorables para los productores locales si no se establecen criterios específicos de calidad y composición.
El proyecto deja algunos aspectos operativos pendientes de definición, entre ellos el organismo encargado de administrar el futuro mercado electrónico y los mecanismos de control sobre el co-procesamiento. Estas cuestiones serán determinantes para la implementación efectiva del nuevo régimen.
