En las reuniones sectoriales dedicadas al maíz y al trigo, los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, dirigidos por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, presentaron una propuesta que consiste en facilitar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores. Esta iniciativa contempla ofrecer garantías totales o parciales en respaldo de los préstamos que otorguen las instituciones financieras a aquellos que requieren maíz y trigo en el mercado local, ya sea para la alimentación del ganado o para la producción de alimentos.
Estos créditos, que serán proporcionados por bancos tanto públicos como privados, estarían respaldados por el Fondo de Garantías Argentino (Fogar). De esta forma, se busca que los productores no tengan que trasladar de inmediato los posibles aumentos en sus costos de producción a los precios finales, lo que les permitiría gestionar de manera más efectiva estos desajustes.
La propuesta se centra principalmente en los criadores de ganado y los molinos de trigo, con la intención de abordar el aumento de precios en la carne y el pan.
Además, el Gobierno está solicitando a cada sector un análisis detallado sobre la demanda de granos, para trabajar en conjunto con los productores primarios y asegurar tanto precios como cantidades. La industria avícola, por ejemplo, ha reportado que ha podido superar los desafíos inmediatos, y los molinos se sienten optimistas sobre poder manejar la situación a corto plazo.
Por otro lado, se está considerando una segunda medida que aún está en desarrollo: la posibilidad de incrementar las operaciones de cobertura a través del Rofex, para garantizar un volumen anual y precios más bajos.
Los representantes del sector agropecuario, agrupados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo, han propuesto al Gobierno la creación de un “fondo anticíclico alimentario”. Este fondo utilizaría una parte de los ingresos adicionales que se espera que el Tesoro recaude este año por el inesperado aumento en los precios internacionales de las commodities. Se busca así formar un colchón que permita “desacoplar” los precios internos, un objetivo que el Gobierno ha manifestado en múltiples ocasiones para evitar que la suba de precios internacionales impacte en el contexto local.
Según los cálculos de los interesados en que esta iniciativa prospere, el Gobierno proyecta recaudar alrededor de $ 5835 millones este año por los derechos de exportación establecidos. No obstante, en base a los precios actuales, se estima que esta cifra superaría los $ 8000 millones, lo que brindaría al Estado la posibilidad de destinar parte de los más de $ 2200 millones a la actividad agraria, aunque se anticipa que dicho superávit se utilizaría en parte para financiar la demanda de insumos importados en la industria.
