La polémica por la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que reestableció oficialmente las categorías “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, no implicó la única complejidad para este sector, que se encuentra en un proceso de reforma para su renovación. Ante ello, diputados de la oposición piden declarar la emergencia para las personas con discapacidad.
El proyecto obtuvo dictamen en la Comisión de Acción Social y Salud Pública luego de hacerlo en la de Discapacidad. El autor de la iniciativa, el bonaerense Daniel Arroyo (Unión por la Patria), señaló que su aprobación “obliga al Estado nacional a darle prioridad a un esquema puntual a la atención en tema de discapacidad”. En ese marco, enumeró que “se están dando muy pocas prestaciones de atención hoy; tenemos dificultades con el transporte”; “hay un retroceso claro en el acceso a medicamentos y en el tratamiento general”.
La redacción, que apunta a extender la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027, pretende “efectivizar el cumplimiento de la obligación del Estado Nacional” con respecto a las leyes que lo instan a garantizar “salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.
El proyecto tuvo el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Se ausentaron los bloques que no acompañan la iniciativa: La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical. Para ser votada en una sesión de la Cámara de Diputados, aún resta conseguir dictamen en la Comisión de Presupuesto.
Emergencia para personas con discapacidad
En su intervención en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Daniel Arroyo indicó que de las 500.000 personas solicitantes para la pensión por invalidez, se otorgaron 586 en el último año: “Solo es explicable porque se está haciendo un ajuste brutal. Es difícil creer que sólo el 0,001% de las personas cumplen los requisitos”. “Las vuelven causantes del problema deficitario y el gasto en la Argentina”, opinó.
A su turno, la bonaerense Danya Tavela (Democracia para Siempre) pidió “impedir que este Gobierno siga con este proceso de abandono, desidia y mala fe en las intervenciones de la administración”, a la vez que convocó a no permitir el vacío de la Auditoría General de la Nación para así fiscalizar a la actual gestión: “Es indispensable para este Gobierno, al que le flotan las causas de corrupción, tener los controles republicanos”.
Minutos después, la santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal) opinó que “este proyecto nos da humanidad como Congreso” y valoró “poner en emergencia a las personas que son doblemente vulnerada por estas políticas de ajuste”. “Sé que debemos pasar por Presupuesto y las barreras que eso significa, pero esta sociedad merece una estrategia de los distintos sectores políticos”, solicitó.
Un respaldo importante llegó por parte del misionero Carlos Fernández (Innovación Federal), que reconoció que su alianza con el oficialismo se debe a que “acompañamos y votamos muchas cosas que no queremos por conveniencia provincial”. En contraste, entendió que “este es el momento de que nos conectemos entre los diputados” porque “esta idea es nacional y comunitaria, así que tenemos que levantar el teléfono y charlar para aquellos que pertenecemos a provincias podamos dialogarlo en el ámbito de los gobiernos provinciales y lograr esa autorización”. “He logrado que mi provincia me autorice esto”, confirmó.
