ATE sostiene que la salida de Neira del Enacom y su incorporación al INTA fueron coordinadas con anticipación. De acuerdo con el planteo sindical, los trámites para su incorporación al nuevo organismo comenzaron el 1 de julio, 23 días antes de que se le notificara la rescisión de su vínculo con el Enacom. De esta manera, el sindicato cuestionó que el funcionario haya pasado de un organismo estatal a otro sin un período de desvinculación.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la situación como un “fraude sin precedentes” contra el Estado y reclamó que se investigue cómo se concretó la transferencia. También cuestionó que pudiera desconocerse la trayectoria laboral de un funcionario que pasó de una dependencia pública a otra y sostuvo que el Estado debe ser considerado como un único empleador.
El dirigente sindical puso además el foco en la diferencia entre la compensación recibida por Neira y los salarios de los trabajadores del INTA. Según los datos difundidos por ATE, mientras el funcionario habría percibido $109.781.999 en concepto de liquidación del Enacom y luego pasado a cobrar alrededor de $5 millones mensuales en su nuevo cargo, los trabajadores del organismo agropecuario perciben entre $800.000 y $1.500.000 por mes.
ATE también cuestionó que la situación se produzca en el marco del discurso oficial de austeridad y de las medidas vinculadas con retiros voluntarios implementadas en distintos organismos del Estado. Para el sindicato, el episodio requiere determinar si hubo responsabilidades administrativas y cómo se autorizó la incorporación de Neira al INTA.
En ese sentido, la organización sindical reclamó al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, que convoque de manera inmediata a la comisión directiva y avance con la revisión de la designación. El objetivo planteado por ATE es que se esclarezca el procedimiento mediante el cual se concretó el pase del funcionario y, según su posición, se deje sin efecto el nombramiento.
Además, el sindicato señaló que el caso podría involucrar disposiciones de los artículos 4 y 8 de la Ley de Empleo Público y de su decreto reglamentario 1421/2002. También mencionó normas relacionadas con la Ley de Procedimiento Administrativo y el artículo 174 del Código Penal, referido a situaciones de fraude contra la Administración Pública.
ATE advirtió que, si no se adoptan medidas que considere suficientes, no descarta realizar una medida de fuerza. La organización sindical sostuvo que busca frenar situaciones que, según su planteo, se estarían produciendo en distintos organismos estatales y reclamó una investigación para determinar cómo se produjo la transferencia de Neira entre el Enacom y el INTA.
