El máximo tribunal ya dejó firme la condena en junio de 2025 y, con ello, también quedó firme el decomiso de los efectos del delito. Sin embargo, todavía debe resolver los recursos de queja presentados por las defensas contra las decisiones adoptadas durante la etapa de ejecución.
Uno de los principales puntos pendientes está relacionado con un conjunto de 111 inmuebles cuyo decomiso fue ordenado por el Tribunal Oral Federal 2. La medida alcanza a 84 propiedades de Lázaro Báez, una de Cristina Kirchner, 19 que Máximo y Florencia Kirchner recibieron a título gratuito y otras pertenecientes a Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
Las defensas de Cristina Kirchner y de sus hijos cuestionaron que el decomiso alcanzara propiedades que actualmente pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner, al sostener que ellos no fueron condenados en la causa. Tanto el Tribunal Oral Federal 2 como la Cámara Federal de Casación rechazaron ese planteo, aunque en este último caso la decisión fue adoptada por mayoría.
En Casación, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña votaron por rechazar el recurso extraordinario, mientras que Mariano Borinsky planteó una diferencia parcial y consideró que debía habilitarse la revisión respecto de determinados inmuebles adquiridos antes de 2004. Ese voto es utilizado por las defensas como uno de los principales argumentos para intentar impedir el avance del decomiso sobre esos bienes.
El 28 de mayo, la Cámara Federal de Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por los condenados contra la ejecución patrimonial. Luego, las defensas recurrieron a la Corte mediante recursos de queja. Mientras esos planteos permanezcan pendientes, el Tribunal Oral Federal 2 no podrá avanzar con el remate de los 111 inmuebles.
En paralelo, la Corte ya resolvió otro aspecto de la ejecución de la condena. En julio, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron las quejas vinculadas con la actualización del monto a decomisar, que quedó establecido en $684.990.350.139,86. El debate que continúa pendiente está relacionado con cuáles serán los bienes utilizados para cubrir esa suma.
Incluso una resolución de la Corte sobre los recursos pendientes no significaría que los remates comiencen de manera inmediata. Antes deberán completarse otros pasos dentro del proceso de ejecución.
Uno de ellos corresponde al Cuerpo de Peritos Tasadores, que debe establecer el valor de los inmuebles alcanzados. También está pendiente una respuesta de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte a una consulta realizada por el Tribunal Oral Federal 2 sobre cuáles de esas propiedades podrían ser destinadas al uso del máximo tribunal.
La selección de inmuebles por parte de la Corte determinará que algunas propiedades no sean subastadas y puedan incorporarse al patrimonio del máximo tribunal o del Poder Judicial. Una vez definido ese punto, el tribunal podrá avanzar con el cambio de titularidad de esos bienes y disponer la subasta de los restantes mediante una plataforma de subastas electrónicas.
Además del primer conjunto de propiedades, los fiscales solicitaron un segundo decomiso, de mayor alcance. El pedido comprende 141 inmuebles, 46 vehículos, US$5.656.134 y otros $53.280,24.
Para avanzar sobre ese segundo grupo, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso distintas medidas destinadas a reunir información sobre los bienes. El proceso todavía requiere completar elementos antes de que pueda adoptarse una decisión definitiva.
Como medida preventiva para evitar que los bienes sean transferidos o dispersados, el tribunal ordenó embargos sobre propiedades vinculadas con Los Sauces SA y Hotesur SA, además de bienes de Lázaro Báez, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto ubicados en Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.
Una vez finalizada la etapa de prueba, el Tribunal Oral Federal 2 deberá dar intervención a la fiscalía y a los acusados para que se pronuncien sobre los decomisos solicitados. Después de ese trámite, el tribunal definirá si esos bienes se incorporan al proceso de ejecución patrimonial.
La cuestión del decomiso forma parte de la ejecución de la condena por la causa Vialidad, que quedó firme luego de la intervención de la Corte Suprema. En esa etapa todavía permanecen otros planteos vinculados con las condiciones de cumplimiento de la pena.
Entre ellos se encuentra el recurso relacionado con el uso de una tobillera electrónica por parte de Cristina Kirchner, el régimen de visitas y la utilización de una terraza ubicada en San José 1111. En julio, la Cámara Federal de Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa para que esos aspectos fueran revisados por la Corte.
En ese último caso, Borinsky volvió a expresar una posición diferente a la mayoría y consideró que el planteo involucraba cuestiones constitucionales relacionadas con la privacidad y la igualdad ante la ley. Hornos y Barroetaveña mantuvieron la posición mayoritaria.
Así, la definición sobre los bienes que eventualmente serán utilizados para cubrir el monto del decomiso continúa vinculada a los recursos que permanecen pendientes ante la Corte y a los pasos administrativos y periciales que deberán cumplirse una vez que quede despejada esa instancia.
