El debate estará a cargo de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal. La estrategia prevista contempla dos reuniones con invitados y, luego del segundo encuentro plenario, previsto para el 6 de octubre, avanzar con los dictámenes para llevar la iniciativa al recinto en una sesión especial convocada para el 7 de octubre.
El presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, anticipó que este miércoles a las 12 participarán funcionarios del Gobierno nacional. También señaló que existe disposición para incorporar otros invitados propuestos por la oposición, siempre que sus exposiciones estén vinculadas con el contenido del proyecto.
La iniciativa sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, forman parte del territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Entre sus fundamentos, el proyecto plantea sancionar la explotación considerada ilegítima de recursos naturales y generar mecanismos para desalentar esas actividades. Para ello, propone modificar el esquema vigente y derogar la Ley 26.659, ampliando además las conductas alcanzadas a otros recursos naturales renovables y no renovables que sean explotados sin autorización argentina.
El texto contempla penas de entre cinco y siete años de prisión y multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo. También prevé inhabilitaciones para quienes, con conocimiento de las actividades alcanzadas por la norma, proporcionen bienes o servicios considerados esenciales.
Las consecuencias previstas no se limitarían a las sanciones penales. El proyecto establece que quienes resulten alcanzados podrían quedar impedidos de desarrollar actividades económicas en el país, perder beneficios impositivos o previsionales, sufrir la revocación de habilitaciones y quedar obligados a rescindir contratos ejecutados total o parcialmente en territorio argentino.
Además, se contempla la exclusión de estas personas de contrataciones con el Estado nacional, las provincias, los municipios y personas o empresas radicadas en el país.
La iniciativa también incorpora la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que estaría encabezado por el Presidente de la Nación y funcionaría como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional. Entre sus funciones figurarían el asesoramiento al Poder Ejecutivo en cuestiones de seguridad nacional, la elaboración de la Política de Seguridad Nacional y la aprobación de políticas sectoriales correspondientes a los distintos integrantes del sistema.
El proyecto ya genera diferencias entre sectores que acompañan al oficialismo y otros bloques. Uno de los puntos de discusión está relacionado con las facultades previstas para responder ante determinadas amenazas externas y con los límites establecidos por la Constitución Nacional.
El diputado Eduardo Falcone cuestionó aspectos vinculados con las modificaciones a las normas de seguridad interior e inteligencia. Según planteó, la Constitución establece que los actos de guerra o las represalias militares requieren la intervención correspondiente del Poder Ejecutivo y autorización del Congreso, mientras que el texto propuesto no contemplaría esa intervención parlamentaria para determinadas acciones contra aeronaves o embarcaciones consideradas hostiles.
En ese marco también se produjo un intercambio público entre Falcone y el asesor presidencial Santiago Caputo. Mientras el legislador planteó reparos sobre las atribuciones previstas, Caputo sostuvo que el proyecto se refiere principalmente a “vectores” que, según su interpretación, serían civiles en la gran mayoría de los casos y diferenció esas situaciones de un conflicto bélico entre Estados.
En paralelo al inicio del tratamiento legislativo, este lunes se realizó en la Cámara de Diputados un homenaje por los 60 años del Operativo Cóndor, ocurrido el 28 de septiembre de 1966. La ceremonia estuvo encabezada por el diputado Eduardo Valdés y el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks y recordó a los 18 jóvenes argentinos que participaron de aquella acción.
El grupo, encabezado por Dardo Cabo, desvió un avión de Aerolíneas Argentinas que viajaba hacia Río Gallegos y lo llevó hasta las Islas Malvinas. Allí desplegaron siete banderas argentinas y rebautizaron Puerto Stanley como Puerto Rivero.
Durante el homenaje se destacó la dimensión histórica de aquella acción y se reafirmó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas. Participaron además exfuncionarios vinculados con las áreas de Relaciones Exteriores, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, así como exintegrantes del Gobierno nacional.
La discusión parlamentaria sobre el nuevo proyecto se desarrollará así en paralelo con las actividades vinculadas a la conmemoración del Operativo Cóndor y con el debate sobre las herramientas que el Estado pretende establecer para defender la posición argentina sobre las Islas Malvinas y los recursos naturales de los espacios involucrados.
