Argentina está dispuesta a reactivar el proyecto de la construcción de la represa Cepernic Kirchner en Santa Cruz, la obra más importante que China tiene en el país y que se encuentra suspendida desde marzo del año pasado, desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada.
Sin embargo, el gobierno libertario pondrá una condición: no poner un solo dólar desde la Administración Pública Nacional. La totalidad de la inversión deberá ser responsabilidad del propio gobierno chino, sin importar la modalidad de la llegada de esos fondos. Este fue el principal mensaje que el presidente argentino llevó a la mesa de diálogo directo con Xi Jinping, en la reunión que ambos jefes de Estado mantuvieron hoy en el marco de la Cumbre del G20 en Río de Janeiro.
Sabía Milei que éste era el tema fundamental de los reclamos chinos con la Argentina y que el mandatario oriental tiene la característica de ser duro y directo. Además de pragmático en este tipo de encuentros. Desde el costado de Milei, lejos de criticar estas posturas, se consideran a este tipo de comportamientos diplomáticos directos y vinculados con la realpolitik, como una virtud. Sabiendo esta característica de Xi Jinping, Milei llevó el tema de la represa rápido a la mesa de debate. Y con una propuesta concreta.
Se trata de la obra más importante en marcha hoy en el país: el complejo de represas Néstor Kirchner- Jorge Cepernic, ubicadas, obviamente, en Santa Cruz, y sobre la que la constructora china Gezhouba tiene la responsabilidad de la construcción por haber ganado la licitación cerrada en 2015, a fines del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Es un proyecto vinculado directamente con el otorgamiento primero y profundización después, del programa que establece el lswap de monedas. De hecho, la obra comenzó con la liberación de unos U$S500 millones hacia agosto de ese año. Llegó entonces el cambio de gobierno y la decisión de Mauricio Macri de revisar el contrato de Gezhouba para construir la represa, aún llamada Kirchner – Cepernic.
La primera y pública decisión del gobierno de Macri fue la de congelar la obra, bajo sospechas de corrupción y de impacto ambiental negativo. En esos tiempos, la administración de Cambiemos señaló al proyecto como inviable, por la potencial desaparición y extinción del macá tobiano, un ave cuyo hábitat natural está en la provincia de Santa Cruz, y que según la denuncia corría peligro de extinción por el impacto ambiental de las represas.
Sin embargo, hacia julio de 2016, desde Beijing le recordaron a Buenos Aires que parte del dinero para la obra ya había sido gastado (y no precisamente para avanzar con las obras), con lo que, de levantarse el proyecto, el dinero debía ser devuelto. Fue así que se “renegociaron” las condiciones del swap; la obra volvió milagrosamente a la vida con otro nombre (en adelante se llamaría Condor Cliff-La Barrancosa), y el swap se reactivaría.
Con aceleraciones y retrocesos, la obra continuaría durante el resto del gobierno de Macri y de Alberto Fernández. Sin embargo, en diciembre de 2023 llegó Javier Milei al poder y en enero determinó que la construcción se suspendía hasta nuevo aviso. Y que el financiamiento residual quedaba en manos, exclusivamente, de Gezhouba.
La empresa continuó pagando salarios y cumpliendo con proveedores, hasta hace 10 días, en que comenzaron las desvinculaciones forzadas, ante la indefinición del Gobierno nacional y la no firma de la “Addenda XII”, que indica lo que se debe hacer en un año calendario en dicha obra. Aclararon desde la constructora china que desde su parte no se aportaría un dólar (o yuan) más hasta que no se firmara ese compromiso.
Desde diciembre pasado a septiembre, de unos 3.500 trabajadores en el pico de obra, se terminó empleando a unos 160, mientras que para octubre solo quedaban contratados unos 70 empleados entre directores, algunos gerentes y el personal de guardia.
La propia constructora le recordaba al Ejecutivo que el financiamiento no implicaba dinero por parte del país, con lo cual no acrecentaba el déficit fiscal, ya que los dólares necesarios eran negociados por Gezhouba directamente con bancos financistas.
En general, son bancos todos chinos u orientales, que luego se cobrarían los intereses a través de la generación eléctrica de ambas represas. A septiembre, el nivel de avance de las obras era de un 50% en el caso de la Cepernic y del 30% la represa Kirchner, proyectos que de no renovarse corren riesgo ahora de sucumbir a la erosión de la naturaleza y el vandalismo.
Según el proyecto original desde ambas represas se iba a generar el 10% del total de la energía eléctrica qué se consume actualmente en Argentina. Ahora, el tema Gezhouba, esta sobre la mesa de negociaciones directas que el argentino abrió con Xi Jinping. Se pensaba que el capítulo iba a cerrarse y la represa a archivarse. Sin embargo, al ritmo de la mejora de las relaciones bilaterales, y la certeza que se trata del capítulo más importante entre ambos estados (al menos desde la visión china); la idea es reactivarla.
China ya sabe que para que esto sea posible, no deberá esperarse que haya partidas públicas que se destinen a este capítulo, y que la única manera que se destrabe el proyecto y se retome la construcción, es que el dinero lo aporte en su totalidad el gobierno chino. Especulan desde Buenos Aires que no sería una estrategia financiera para Beijing, especialmente en América Latina.
El mismo mecanismo se utilizó en el puerto de Chancay, en Perú (a 60 kilómetros de Lima), inaugurado la semana pasada, y controlado por la estatal china COSCO Shipping, una de las tres mayores operadoras portuarias del mundo. Sobre este proyecto, el presidente electo Donald Trump amenazó con cobrar un 60% de aranceles a todos los productos que lleguen a los Estados Unidos desde Chancay. La relación con Xi Jinping, hasta acá muy provechosa para el país, será un tema que Milei deberá parlamentar con el próximo presidente norteamericano.
En junio pasado se solucionó el principal problema entre los dos países. A instancias del FMI, China aceptó renegociar el pago de los vencimientos por el swap que el país mantiene con Beijing. Ese mes Argentina debería haber girado unos U$S2.906 millones que deberían haberse girado al Banco del Pueblo de China (BPC), por el primer pago de seis.
Sin embargo, una conversación entre Kristalina Georgieva y el gobierno chino permitió que China acepte renegociar la deuda y que pase al 2026. Sucede que el estatuto del organismo impide que haya desembolsos a países que estén con acuerdos de préstamos con el FMI (por ejemplo, el programa de Facilidades Extendidas vigente con Argentina), en caso de que estuviera en default con alguno de sus socios.
China tiene ese status con el 3,65% de los votos, convirtiéndose además en los últimos años en uno de los accionistas más participativos en las reuniones del Directorio. Si Argentina no hubiera llegado a un acuerdo para este pago y se hubiera llegado a la situación de default, y si, además, China lo hubiera denunciado en la reunión de Directorio del 13 de junio pasado, el estatuto del organismo habría suspendido el giro de los 800 millones de dólares.
Sólo le quedaba al país girar el dinero a Beijing para no caer en esa situación. En su momento, incluso, Argentina propuso a BPC pagar una parte del vencimiento con unos U$S 800 millones comprometidos por el FMI, algo a lo que China se negó. Finalmente, llegó la mediación del Fondo, gestión que estuvo a cargo personalmente de Gopinath, por pedido directo de Georgieva y el aval de la mayoría de los directores occidentales del organismo.
No hubo problemas para que los representantes chinos ante el Directorio del Fondo aceptaran el pedido, y dejaron en claro que la intención de Beijing siempre es colaborar con los países en problemas. Aun cuando estén con cierto ruido diplomático, como Argentina.
