El escenario plantea un interrogante central: si la actual disparidad responde exclusivamente al proceso de implementación del nuevo esquema económico o si, por el contrario, forma parte de una transición cuyos costos podrían comenzar a reducirse en el corto plazo y permitir una mejora en la situación de los sectores que hoy se encuentran rezagados.
Para analizar el momento actual es necesario considerar el modelo económico que predominó durante los años anteriores. El kirchnerismo impulsó políticas orientadas a estimular el consumo mediante un fuerte gasto público y diferentes mecanismos de regulación sobre las empresas privadas.
Los subsidios destinados al consumo buscaron mantener contenidos los precios de los servicios públicos. Esto implicó un mayor gasto estatal y regulaciones sobre las tarifas que, a su vez, afectaron las decisiones de inversión y la calidad de determinados servicios.
El esquema permitió reducir los costos fijos de los hogares y aumentar el ingreso disponible para otros consumos. A esto se sumaron restricciones a las exportaciones, controles de precios, diferentes valores para determinados productos y líneas de crédito específicas. También se desarrolló un sistema de asistencia social canalizado a través de distintos intermediarios.
La economía cerrada y las relaciones entre determinados sectores empresarios y el Estado también incidieron sobre la rentabilidad de algunas compañías. Al mismo tiempo, las restricciones cambiarias modificaron las decisiones de inversión y llevaron a las empresas a buscar mecanismos para preservar sus utilidades.
Sin embargo, ese esquema basado en subsidios y gasto público terminó generando consecuencias negativas y finalmente colapsó. Desde esta perspectiva, el período anterior no habría representado un cambio de régimen consolidado, especialmente por la interrupción que significó la gestión de Mauricio Macri.
El actual Gobierno planteó, en cambio, una modificación profunda del funcionamiento de la economía. La búsqueda del superávit fiscal implicó una fuerte reducción de los subsidios al consumo, que pueden ser considerados como una forma de impuesto negativo. Por ese motivo, su eliminación representa para los hogares un incremento de los costos que anteriormente absorbía el Estado.
La reducción del gasto de capital también tuvo un impacto significativo sobre la infraestructura. Aunque esta decisión es cuestionada en el análisis, se plantea que la ausencia de determinados desembolsos estatales también redujo las posibilidades de desvío de recursos.
En los últimos meses comenzaron a aparecer mecanismos de financiamiento privado para determinadas obras de infraestructura. Entre ellos se encuentran esquemas aplicados a corredores viales, en los que posteriormente los costos son afrontados por los usuarios.
La política cambiaria también forma parte del nuevo esquema. El uso del tipo de cambio como ancla para contener la inflación y la eliminación de restricciones a las importaciones generan efectos diferentes según la actividad. Mientras algunos sectores exportadores pueden enfrentar dificultades en términos de rentabilidad, el petróleo y la minería cuentan con incentivos favorables para ampliar su producción y sus ventas externas.
Al mismo tiempo, la incertidumbre internacional constituye un factor adicional que puede afectar a las actividades vinculadas con el comercio exterior.
El ajuste también tiene consecuencias sobre los salarios reales y el empleo, especialmente en determinados segmentos del sector público y del empleo formal. Esta situación contribuye a explicar parte de la debilidad que muestran los sectores más vinculados con el consumo interno.
La falta de continuidad de algunas de las reformas anunciadas por el Gobierno también dificulta determinar cuáles serán los nuevos sectores ganadores y perdedores de la transición. Entre las cuestiones pendientes aparecen una eventual reforma tributaria y la mejora de la infraestructura.
Desde esta perspectiva, los costos de la transición no parecerían responder únicamente a una situación temporal. El análisis plantea que parte de las dificultades actuales son consecuencia directa del cambio de régimen económico y de determinados errores en la política monetaria.
De cara a 2027, el escenario podría mantenerse relativamente similar al actual, aunque existe la posibilidad de una mejora moderada si disminuye la incertidumbre vinculada con el proceso electoral. La evolución económica podría tener, de esta manera, un peso importante sobre las perspectivas electorales del oficialismo y de la oposición.
El interrogante es si el Gobierno puede introducir modificaciones que mejoren las condiciones económicas sin apartarse de los principios centrales de su programa.
Una eventual flexibilización de la política monetaria para impulsar el crédito aparece como una alternativa compleja en un contexto marcado por la morosidad, la incertidumbre laboral y salarios que permanecen relativamente estables.
A su vez, la acumulación de dólares por parte de los hogares y otros agentes económicos tiende a favorecer el ahorro antes que el consumo. Ese comportamiento se ha profundizado durante el período reciente.
Las restricciones fiscales representan otro límite. El Tesoro debe afrontar la renovación de deuda en pesos y, al mismo tiempo, necesita recursos para adquirir dólares, en un escenario de importantes exigencias financieras.
Una alternativa planteada consiste en recuperar el acceso al financiamiento internacional para reducir las necesidades de financiamiento en pesos. Esto podría disminuir la presión sobre el Banco Central y liberar recursos fiscales para destinarlos a proyectos de infraestructura, siempre que se trate de iniciativas bien diseñadas y con mecanismos que eviten desvíos.
Otra posibilidad sería reproducir un esquema similar al observado durante 2025, apoyándose en condiciones favorables del financiamiento internacional y en el respaldo de los mercados globales.
La evolución de estas variables determinará en buena medida si el actual proceso puede pasar de una etapa marcada por los costos de la transición a otra en la que comiencen a aparecer con mayor claridad los beneficios del nuevo régimen económico.
