La decisión fue adoptada por la jueza Jia Cobb, de Washington D.C., luego de que un fallo favorable a Titan obtuviera reconocimiento en Estados Unidos. El reclamo tiene como antecedente un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, que había establecido una obligación de pago contra la Argentina.
Según la resolución, durante los últimos 21 meses el Estado argentino no habría avanzado en el cumplimiento de la orden judicial. A partir del 28 de septiembre, Titan quedó habilitado para presentar pedidos de embargo sobre bienes argentinos alcanzados por la jurisdicción estadounidense.
El expediente tramita en Nueva York y Washington, aunque esa circunstancia no determina de manera automática dónde se solicitarán los embargos. El monto reconocido asciende a US$390,9 millones, al que deberán agregarse los intereses correspondientes.
La posibilidad de avanzar sobre activos estatales en Estados Unidos quedó abierta después de que la Justicia de ese país reconociera la validez y ejecutabilidad del laudo internacional. Sin ese reconocimiento, una decisión del Ciadi no puede ser ejecutada directamente en territorio estadounidense.
Entre los activos que podrían quedar bajo análisis se encuentran aquellos vinculados con Aerolíneas Argentinas, aunque cualquier pedido concreto deberá ser presentado ante la Justicia y quedar sujeto a las condiciones aplicables a los bienes del Estado argentino.
El conflicto se originó luego de la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. El grupo español Marsans, que era propietario de la compañía, inició el reclamo internacional y posteriormente transfirió sus derechos sobre el litigio a Burford Capital, que participó como financiador del proceso. Más adelante, el derecho de cobro pasó a Titan Consortium, que desde 2021 procura ejecutar la deuda en los tribunales estadounidenses.
En 2017, el Ciadi había ordenado a la Argentina pagar aproximadamente US$321 millones, además de intereses y costos. El Estado argentino intentó posteriormente dejar sin efecto ese laudo, pero el planteo no prosperó y la decisión internacional se mantuvo vigente.
La disputa continuó en Estados Unidos. En 2025, la Argentina apeló la decisión relacionada con el reconocimiento del fallo y planteó que había transcurrido el plazo de prescripción de tres años. Sin embargo, el 21 de julio, una Corte de Apelaciones determinó que el período aplicable era de 12 años y estableció en US$390,9 millones el monto que podía ser ejecutado a favor de Titan.
El caso forma parte de un conjunto más amplio de reclamos contra la Argentina derivados de distintos conflictos contractuales y de inversión. Entre ellos se encuentran una demanda de Webuild por US$127 millones relacionada con contratos de infraestructura y otra de Saur International por US$72 millones, también vinculada con contratos cuyo cumplimiento es cuestionado.
A estos expedientes se suma el reclamo de Palladian Partners relacionado con los Cupones PBI denominados en euros, por un monto de US$1.800 millones.
El Presupuesto 2027 contempla, en tanto, una partida de US$1.100 millones destinada a afrontar obligaciones vinculadas con casos tramitados ante el Ciadi.
Otro expediente de relevancia está relacionado con Burford Capital y la expropiación de YPF. La compañía obtuvo un fallo favorable por aproximadamente US$16.000 millones en ese litigio y posteriormente llevó su reclamo ante el Ciadi.
En el caso de Titan, la habilitación otorgada por la Justicia estadounidense abre ahora una nueva etapa, durante la cual el fondo podrá presentar solicitudes concretas para intentar identificar y embargar activos argentinos que puedan ser alcanzados por la ejecución del fallo.
