El sistema encargado de aislar la falla no respondió a tiempo y el problema terminó extendiéndose a otros sectores de la red, con impacto también sobre usuarios de Edesur. El episodio se produjo fuera del período de mayor demanda habitual, ya que los cortes asociados a la saturación del sistema suelen concentrarse durante el verano.
Frente a este escenario, el Gobierno avanza con un programa destinado a reforzar la capacidad de respuesta de la red mediante almacenamiento de energía. El plan ALMA-GBA contempla una inversión superior a los US$540 millones y utiliza baterías de gran escala para atender los momentos de mayor consumo.
El problema que busca abordar la iniciativa está relacionado con la diferencia entre la capacidad de la infraestructura eléctrica y el crecimiento de la demanda. Durante aproximadamente dos décadas, la red no acompañó en la misma proporción el aumento del consumo. En 2024, la Secretaría de Energía introdujo modificaciones en el mercado mayorista mediante la Resolución 400, que devolvieron a las distribuidoras la posibilidad de contratar energía de manera directa.
El AMBA representa actualmente cerca del 40% de la demanda eléctrica nacional. Durante agosto de 2026, la región consumió 4.954 GWh, un 6,5% más que en el mismo mes del año anterior. Ese incremento se produjo pese a que la temperatura promedio fue de 12,3 °C, levemente inferior al promedio histórico.
La evolución del consumo está relacionada con factores estructurales, entre ellos la mayor utilización de electrodomésticos, equipos de climatización y dispositivos vinculados con la conectividad.
El desafío no está centrado en la disponibilidad de generación eléctrica. La Argentina cuenta con recursos de gas, agua, viento y sol, pero existen restricciones para transportar esa energía hacia los centros de consumo cuando la demanda alcanza sus niveles máximos.
En este contexto, el funcionamiento de las baterías apunta a cubrir los momentos críticos. El sistema BESS permite almacenar electricidad cuando la demanda es baja, como durante la madrugada o determinadas horas del mediodía, y utilizarla posteriormente cuando aumenta el consumo.
Las baterías necesitan entre seis y ocho horas para completar el proceso de carga y pueden entregar la energía almacenada durante aproximadamente cinco horas. De esta manera, funcionan como un respaldo frente a los picos de demanda y permiten reducir la exigencia sobre la red en esos períodos.
La operación estará coordinada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que determinará cuándo y cómo se utilizará la energía almacenada. Las empresas participantes recibirán un pago fijo por mantener disponibles las baterías, mientras que el esquema contempla uno o dos ciclos de carga y descarga por día, de acuerdo con las necesidades del sistema.
La planificación de la carga es un aspecto central del mecanismo. Durante ese proceso, las baterías representan una demanda adicional para la red, por lo que deben cargarse en períodos de bajo consumo. Hacerlo durante las horas de mayor demanda podría incrementar la presión sobre una infraestructura que ya se encuentra exigida.
Además de cubrir los picos de consumo, el almacenamiento puede utilizarse para absorber excedentes de generación, disminuir las variaciones en el suministro y aportar servicios destinados a mejorar la estabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La capacidad de respuesta prácticamente inmediata de las baterías también permite utilizarlas frente a situaciones de emergencia.
La primera etapa del programa ALMA-GBA contó con la participación de 15 empresas, que presentaron 27 proyectos por un total de 1.347 MW. Finalmente, fueron adjudicados 713 MW de capacidad de almacenamiento, por encima del objetivo inicial de 500 MW.
Los contratos fueron suscriptos con Edenor y Edesur en su carácter de distribuidoras, mientras que Cammesa asumió el rol de garante de los pagos. Los proyectos fueron ubicados en distintos puntos estratégicos de la red del AMBA, donde existen restricciones para ampliar el transporte de electricidad desde otros sectores del sistema.
Entre los puntos seleccionados se encuentran Puerto Nuevo, Costanera y Dock Sud. La ubicación permite que la energía almacenada sea inyectada directamente en zonas donde la red presenta mayores necesidades durante los períodos de demanda elevada.
La capacidad adjudicada al área correspondiente a Edenor, en la zona norte del AMBA, es levemente superior a la asignada al área de Edesur, ubicada en el sur.
El costo de estos proyectos no será absorbido directamente por las distribuidoras. El financiamiento estará a cargo de los usuarios residenciales mediante un cargo incluido en las facturas de electricidad. El esquema busca, a cambio, reducir la necesidad de que Cammesa deba adquirir o importar combustibles y energía durante los momentos de mayor exigencia del sistema.
Uno de los proyectos que registra mayor avance corresponde a Central Puerto, con un nivel de ejecución del 70%. Las instalaciones fueron diseñadas para entregar energía durante cinco horas y se estima una vida útil de 15 años.
En Puerto Nuevo, sobre un predio de 20.000 metros cuadrados ubicado junto al Río de la Plata, ya fueron instalados 135 contenedores con baterías de litio fabricadas en China. La obra contempla además unos 130 kilómetros de cableado y una inversión cercana a los US$150 millones.
Otro proyecto de la misma empresa, ubicado en Costanera, demandó una inversión aproximada de US$50 millones. La puesta en funcionamiento de ambos sistemas está prevista antes de fin de año, con el objetivo de que se encuentren disponibles antes del período de mayor demanda eléctrica.
A este conjunto de obras se suman proyectos de otras ocho empresas que participan del esquema de almacenamiento en el área metropolitana.
El programa destinado al AMBA constituye la primera etapa de una estrategia de mayor alcance. La Secretaría de Energía lanzó posteriormente una segunda convocatoria, denominada Alma SADI, destinada a incorporar otros 700 MW de almacenamiento en nodos críticos del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y en la provincia de Buenos Aires fuera del AMBA.
Esta segunda etapa contempla una inversión proyectada de US$700 millones. Hasta el momento fueron adjudicados 700,5 MW a cinco empresas y el cronograma establece como fecha prevista para el inicio de las operaciones el 1° de enero de 2027.
