El pedido fue realizado por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien investiga la vacunación irregular de personas vinculadas al gobierno de Alberto Fernández que habrían accedido a dosis contra el COVID-19 por fuera de los criterios sanitarios establecidos durante la pandemia.
Para el fiscal, los beneficiarios no fueron simples receptores de un beneficio otorgado por funcionarios públicos, sino que tuvieron un papel activo en la maniobra. Por ese motivo, les atribuye inicialmente la condición de partícipes necesarios del delito de peculado, que contempla penas de entre dos y diez años de prisión.
Taiano sostuvo que los elementos reunidos durante la investigación alcanzan para configurar el “estado de sospecha” requerido por el Código Procesal Penal para avanzar con las indagatorias. Según el fiscal, quienes recibieron las vacunas “contribuyeron de manera significativa a la realización de los hechos” al aceptar las dosis pese a saber que no pertenecían a los grupos habilitados para recibirlas.
El fiscal también rechazó la posibilidad de que los involucrados aleguen desconocimiento de las reglas vigentes. Señaló que la campaña de vacunación y sus criterios de priorización habían sido difundidos públicamente y eran “razonablemente conocidos por la población”.
Entre los nombres incluidos en el pedido aparecen Eduardo Duhalde y Hilda Duhalde, sus hijas María Eva y Juliana, Horacio Verbitsky, el empresario Florencio Aldrey Iglesias y familiares suyos, el empresario Seza Manukian, el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, y el dirigente kirchnerista Jorge “Topo” Devoto.
También figuran los diputados Taiana y Valdés, el periodista Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo, Patricia Alsua, esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini, y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.
La investigación reconstruyó tres episodios principales. El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis destinadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud y aplicadas en un vacunatorio improvisado instalado en la antesala del despacho del entonces ministro Ginés González García, fallecido en 2025.
Entre quienes recibieron esas dosis estuvieron Verbitsky, Manukian, Aldrey y varios familiares, además de Taiana y Valdés. Nueve de los vacunados fueron registrados en el sistema NOMIVAC como “Personal Estratégico”, una categoría que, según la investigación, no les correspondía. Otro de los beneficiarios, Félix Eulogio Guille, fue registrado como mayor de 60 años.
El segundo episodio ocurrió el 1 de febrero de 2021, cuando cinco dosis fueron trasladadas hasta el domicilio de Eduardo Duhalde en Lomas de Zamora. Allí, Alejandro Costa, entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias, vacunó al expresidente, a “Chiche” Duhalde, a sus hijas y a su secretario privado, Carlos Alberto Mao.
Taiano señaló que la vacunación a domicilio estaba prevista para personas que no podían trasladarse y sostuvo que no existe constancia de que Duhalde tuviera algún impedimento físico. También remarcó que el régimen especial previsto para expresidentes no implicaba un privilegio en materia sanitaria.
El tercer episodio investigado corresponde a la aplicación irregular de 36 dosis en el Hospital Posadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021. Las vacunas fueron destinadas a 23 personas seleccionadas por motivos “personales, familiares o de afinidad política”.
Entre ellas estuvieron Michi, Collazo, Alsua y un dirigente peronista, además de otras personas mencionadas en el expediente. Según la investigación, la mayoría fue registrada irregularmente como “personal de salud”, mientras que trabajadores del propio Hospital Posadas todavía no habían completado sus esquemas de vacunación.
La causa se inició el 22 de febrero de 2021, luego de que Verbitsky revelara en una entrevista radial que había recibido una vacuna tras comunicarse con González García. El episodio desencadenó el escándalo político que terminó con la salida del entonces ministro de Salud, quien fue reemplazado por Carla Vizzotti.
El expediente tuvo luego distintos movimientos judiciales. En julio de 2021, Capuchetti había archivado parcialmente la situación de quienes recibieron las vacunas al considerar que no se había configurado un delito. Sin embargo, en julio de 2024 procesó a González García por abuso de autoridad y peculado.
En octubre de ese mismo año, la Sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos del exministro y de otros exfuncionarios, y ordenó profundizar la investigación sobre las personas que recibieron las vacunas. El objetivo fue determinar si quienes accedieron a las dosis de manera irregular también podían tener responsabilidad penal.
Ahora, la decisión vuelve a quedar en manos de Capuchetti. La jueza deberá analizar el pedido de Taiano y definir si corresponde citar a indagatoria a los beneficiarios señalados por la fiscalía. La eventual convocatoria representaría un nuevo avance de una causa que, más de cinco años después del escándalo, vuelve a poner bajo investigación judicial a dirigentes políticos, empresarios y personas vinculadas al poder que accedieron a vacunas durante la etapa más restrictiva de la campaña contra el COVID-19.
