La magistrada explicó que su decisión se tomó a partir de un caso específico y en respuesta a un planteo realizado por la defensa oficial, que contó además con el respaldo de la Asesoría Tutelar. Según sostuvo, el análisis de constitucionalidad de la norma no puede realizarse de manera general, sino que debe estar vinculado con las circunstancias particulares del expediente.
El caso involucra a un adolescente de 14 años acusado de haber participado, junto con otros cuatro jóvenes, de un intento de robo contra un hombre de 47 años. Según la investigación, el grupo habría perseguido a la víctima por la vía pública hasta que fue interceptado por efectivos policiales.
El adolescente fue sobreseído a partir de la resolución de De Marinis, mientras que la investigación continúa respecto de otros cuatro jóvenes de 16 años. Para ellos resulta aplicable la Ley 27.801.
La jueza, que está al frente del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, remarcó que su decisión no implica dejar sin efecto la nueva legislación ni supone que la causa haya quedado cerrada en todos sus aspectos.
También señaló que el interés superior de niños, niñas y adolescentes constituye un eje de sus decisiones, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, sostuvo que la resolución no debe interpretarse como un mensaje de impunidad y recordó que la normativa continúa vigente para los adolescentes alcanzados por ella.
De Marinis también respondió a las críticas que recibió por el contenido de su resolución y por haber declarado la inconstitucionalidad de un artículo central del nuevo régimen. Explicó que el fallo fue redactado buscando que sus fundamentos fueran comprensibles también para los propios adolescentes involucrados y vinculó esa forma de argumentación con los criterios establecidos en materia de derechos de niños y adolescentes.
Respecto del hecho investigado, la magistrada reconoció la situación de temor que pudo haber atravesado la víctima durante la persecución. Sin embargo, señaló que el hombre no sufrió lesiones físicas y que en el episodio no se registró violencia.
La decisión fue apelada por la fiscalía. Además, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil solicitaron que se designe a otro magistrado para intervenir en el expediente. Desde el Gobierno de la Ciudad también se anunció la intención de promover un jury contra De Marinis ante el Consejo de la Magistratura.
Las críticas hacia la jueza también estuvieron relacionadas con sus anteriores intervenciones durante el debate parlamentario del nuevo régimen. Frente a esos cuestionamientos, De Marinis aclaró que haber expresado una posición sobre determinados aspectos de la ley no significa que vaya a declarar su inconstitucionalidad en todos los casos.
La magistrada sostuvo que cada expediente requiere un análisis particular y señaló que existen situaciones de extrema gravedad que deben ser evaluadas de acuerdo con sus propias circunstancias. En esos casos, afirmó, no corresponde anticipar un criterio general, sino analizar específicamente las características de cada intervención estatal sobre el adolescente involucrado.
