La resolución fue emitida por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Zárate-Campana, que revisó una fallo de primera instancia y decidió aumentar la indemnización al considerar que se debía reconocer el valor completo de las licencias que habían sido mal utilizadas.
El caso se inició en 2018, cuando se llevó a cabo una verificación técnica. Microsoft, en su rol de titular de los derechos sobre sus productos, inició una investigación para determinar si la empresa ubicada en la Panamericana, a la altura de Belén de Escobar, estaba usando su software de manera legal.
Con ese fin, solicitó un operativo preliminar ante la Justicia, permitiendo así la recopilación de pruebas antes de presentar una demanda formal en caso de sospecha de infracción.
Se llevó a cabo una pericia informática en las computadoras de la compañía. El informe concluyó que la mayor parte de los equipos analizados tenían instalados programas sin licencias válidas. De los 14 equipos revisados, 13 contaban con software de Microsoft sin licencias autorizadas.
Entre los programas encontrados se encontraban diversas versiones del sistema operativo Windows y herramientas de la suite Office, comúnmente usadas en entornos laborales.
La empresa demandada no presentó pruebas que evidenciaran la posesión de autorizaciones de uso y reconoció haber detectado irregularidades, comenzando conversaciones para resolver la situación.
En 2021, el Juzgado Civil y Comercial N°3 falló favorablemente en parte a Microsoft, ordenando a la empresa pagar una indemnización de 16.194 dólares, junto con intereses y costas. El juez determinó que existió una utilización no autorizada de software protegido bajo derechos de propiedad intelectual, y calculó la indemnización en función del valor de las licencias que la empresa debería haber adquirido.
El caso llegó en abril del 2026 a la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Zárate-Campana, donde ambas partes apelaron la decisión. Microsoft argumentó que el monto debía ser mayor, mientras que la empresa demandada cuestionó su responsabilidad, argumentando que actuó de buena fe al adquirir los equipos de terceros.
Los jueces desestimaron esos argumentos, señalando que la empresa debía probar la existencia de licencias válidas para el uso de los programas. Un punto clave del fallo fue que no pudieron justificar el origen legal del software instalado.
Además, la Cámara desestimó el reclamo de Microsoft sobre las ganancias obtenidas a través del uso del software, considerando que no había pruebas concluyentes que respaldaran la existencia de un beneficio económico.
La Cámara ajustó la sentencia, elevando la indemnización total a US$19.309 y manteniendo el reconocimiento de daño extrapatrimonial relacionado con la afectación a la imagen comercial de Microsoft. También modificó la tasa de intereses, reduciéndola del 10% anual en dólares inicialmente fijada al 5,5% anual, aplicable desde la fecha en que se constató la infracción hasta la fecha de pago.
Finalmente, la condena fue dictada por la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Campana.
