Uno de los primeros indicios de los problemas financieros apareció con la emisión de alrededor de 1300 cheques rechazados. Aunque la emisión de cheques sin fondos puede derivar en sanciones e inhabilitaciones, las dificultades de la organización se hicieron visibles cuando el proyecto ya atravesaba una situación financiera crítica. El escándalo terminó exponiendo el funcionamiento del programa durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Quince años después de aquellos hechos, las causas judiciales derivadas del caso terminaron con condenas para los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, además de José López, quien entonces se desempeñaba como secretario de Obras Públicas, y Abel Fatala, exsubsecretario de esa cartera. Las penas mencionadas en el expediente no superaron los tres años. La dimensión económica del perjuicio adquiere otra magnitud si se actualizan los montos involucrados desde el momento en que ocurrieron los hechos.
El origen del proyecto estuvo estrechamente relacionado con la organización Madres de Plaza de Mayo y con el vínculo que Schoklender había establecido con Hebe de Bonafini. Esa relación comenzó cuando él se encontraba detenido en la cárcel de Devoto y Bonafini lo visitaba. Con el tiempo, ambos desarrollaron un vínculo de cercanía que derivó en la incorporación de Schoklender a actividades vinculadas con la organización.
Uno de los puntos que permaneció bajo cuestionamiento fue la manera en que los Schoklender pasaron a desempeñarse como responsables del desarrollo de viviendas sociales y lograron acceder a fondos públicos destinados a la construcción. El esquema permitió que el programa avanzara sin procesos de licitación convencionales y que distintos municipios debieran contratar a Sueños Compartidos para ejecutar las obras.
El mecanismo estaba respaldado por disposiciones del gobierno nacional y por decisiones tomadas desde el área de Planificación. En la causa también fue investigada la responsabilidad de funcionarios de esa cartera. Julio De Vido, entonces ministro de Planificación, resultó absuelto en ese expediente.
Mientras el programa recibía recursos públicos, el nivel de vida exhibido por Schoklender también se convirtió en uno de los aspectos más cuestionados del caso. Se le atribuyeron propiedades de grandes dimensiones, vehículos de alta gama, un yate valuado en unos 400.000 dólares y aeronaves que, según su propia explicación, eran utilizadas para supervisar las obras en distintas partes del país.
El caso también tuvo consecuencias dentro del ámbito de los organismos de derechos humanos. La vinculación entre la organización de Madres de Plaza de Mayo y el programa de viviendas generó cuestionamientos internos y afectó la imagen de instituciones que habían desarrollado durante décadas una actividad vinculada con la defensa de los derechos humanos.
En ese contexto, Hebe de Bonafini quedó involucrada judicialmente en la investigación por su relación con la administración del programa. También se produjeron cuestionamientos dentro del propio movimiento de derechos humanos respecto del manejo de la organización y de su vinculación con los fondos destinados a las viviendas.
El caso tuvo además una dimensión institucional. La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo atravesaba problemas de gestión y financiamiento y posteriormente pasó a quedar bajo administración estatal, con el consecuente impacto sobre las cuentas públicas.
El expediente de Sueños Compartidos dejó así una combinación de irregularidades en el manejo de fondos, dificultades financieras, condenas judiciales y cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados para asignar y ejecutar recursos destinados a viviendas sociales.
La prolongación de las causas durante años y el alcance de las condenas alimentaron el debate sobre las responsabilidades políticas y administrativas vinculadas con el programa. A su vez, el caso dejó bajo cuestionamiento el vínculo que durante esos años se había establecido entre el Estado y organizaciones de derechos humanos para desarrollar políticas públicas.
El resultado fue un fuerte deterioro de la imagen de una organización que había recibido recursos públicos para ejecutar un programa habitacional de gran escala y que terminó asociada a una investigación por corrupción. El caso Sueños Compartidos permanece, de este modo, como un antecedente sobre los riesgos de los mecanismos de administración y control de fondos estatales destinados a programas sociales.
