La compañía presta los servicios de agua potable y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El proceso, que inicialmente estaba previsto para finalizar en agosto, sufrió demoras a partir de pedidos formulados por las empresas interesadas.
La apertura de esta primera instancia no permitirá conocer todavía ni el precio ofrecido ni quién será el futuro operador. La Comisión de Evaluación deberá analizar primero si las propuestas cumplen con los requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones, elaborado por el Ministerio de Economía.
El proceso enfrenta además un frente judicial. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó una apelación presentada por AySA y mantuvo vigente una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense.
La resolución judicial establece que, mientras continúe el litigio, la empresa debe conservar sus obligaciones actuales vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el cuidado ambiental y la prestación adecuada del servicio.
Los jueces no se pronunciaron sobre la continuidad de AySA como empresa estatal ni sobre la posibilidad de privatizarla. El fallo apunta a preservar las condiciones actuales durante el trámite judicial y advierte sobre los posibles efectos que una reducción de los controles de calidad o un retraso en obras consideradas necesarias podría generar sobre la salud y el ambiente.
La medida cautelar había sido dictada en junio, luego de una presentación preventiva que planteó reparos sobre el nivel de inversiones y los controles que podrían aplicarse bajo el nuevo esquema. La Cámara determinó además que la discusión de fondo debe continuar en la Justicia Federal, debido a que el caso involucra el marco regulatorio nacional y la participación del Estado en la compañía.
Desde el Estado consideran que la decisión judicial no obliga a suspender la licitación y que, mientras no se concrete el traspaso efectivo de la empresa, el proceso puede continuar sin incumplir la medida cautelar.
Una vez superada la evaluación técnica, los oferentes habilitados podrán avanzar hacia la apertura de las propuestas económicas. La adjudicación se realizará tomando como referencia la oferta más elevada en dólares.
El pliego contempla un mecanismo específico para resolver eventuales empates. Si la diferencia entre la mejor propuesta y las siguientes es igual o inferior al 5%, se considerará que existe un empate técnico y se solicitará a los participantes que mejoren sus ofertas dentro de un día hábil. La instancia podrá repetirse si la igualdad persiste.
El proceso tampoco fija un precio base público. Sin embargo, existe un valor de referencia que funcionará como piso y permitirá rechazar propuestas que se encuentren por debajo de ese nivel si la Comisión considera que resultan inconvenientes para el interés público. El contrato de compraventa deja en blanco el monto final, que quedará determinado por la competencia entre los participantes.
El Gobierno estima obtener alrededor de USD 500 millones por la venta del 90% de las acciones de AySA.
Para participar, las empresas deberán acreditar experiencia de al menos cinco años dentro de los últimos diez en la prestación de servicios de agua potable y desagües en centros urbanos con un mínimo de 1,5 millones de habitantes y 500.000 usuarios.
También deberán demostrar antecedentes en financiamiento de infraestructura o servicios públicos por un monto acumulado de al menos USD 150 millones durante la última década. A esto se suma un patrimonio neto consolidado mínimo de USD 300 millones. Para fondos de capital privado y consorcios, el requisito se eleva a USD 1.000 millones en activos bajo gestión.
El pliego establece además restricciones sobre los potenciales participantes. Quedan excluidas las empresas controladas por gobiernos extranjeros u organismos estatales de otros países. Tampoco podrán participar compañías incluidas en determinados registros de sanciones internacionales o laborales.
Entre las empresas que habían mostrado interés durante las etapas previas se encontraban el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas, y el empresario Mauricio Filiberti, quienes analizaban la posibilidad de conformar propuestas junto con socios internacionales.
También habían aparecido como posibles participantes empresas brasileñas y una operadora chilena vinculada a capitales franceses, aunque la participación de algunas de ellas quedó condicionada por distintos factores. La compañía chilena finalmente no presentaría oferta.
La restricción para empresas controladas por Estados extranjeros también alcanza a la firma israelí Mekorot, que quedaría fuera del proceso debido a su carácter estatal.
Con la apertura de los primeros sobres comienza así la etapa de evaluación de los interesados. Solo quienes acrediten las condiciones exigidas podrán avanzar hacia la instancia económica, en un proceso cuyo resultado definirá al futuro operador privado de los servicios de agua y saneamiento de AySA.
