La primera batalla en la que el oficialismo no cederá es la reforma electoral, que se encuentra estancada en el Senado desde abril. La Libertad Avanza (LLA) pretende eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las próximas elecciones presidenciales. Si no logra reunir los votos necesarios, intentará aplicar una suspensión temporal, tal como hizo en 2025.
“La prioridad por encima de todo es la reforma política”, afirmó un legislador del oficialismo.
Otro tema crucial será el Presupuesto, que el Presidente debe presentar al Congreso antes del 15 de septiembre. En esta ocasión, el oficialismo considera atender algunos de los reclamos de los gobernadores para garantizar su apoyo legislativo, lo cual resulta esencial para el avance de su agenda.
El tercer enfoque es un paquete económico que aún no ha sido formalmente presentado al Congreso. Este incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una expansión del régimen de inocencia fiscal y un proyecto para limitar el déficit presupuestario, conocido como “shutdown”. El propósito de estas medidas es minimizar la volatilidad financiera en la campaña electoral.
La ampliación del régimen de inocencia fiscal, que se considera un esquema de blanqueo, será la primera iniciativa en ser sometida al Congreso, con planes de realizar su envío “en los próximos días”. Se anticipa que el próximo miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, comunicará oficialmente la presentación durante una conferencia de prensa. Esta medida busca incorporar a un mayor número de adherentes y aumentar la entrada de dólares al circuito formal.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que prohibirá de manera explícita la emisión monetaria sin respaldo y el financiamiento al Tesoro, así como la ley de “shutdown”, que limitará el gasto cuando se agoten los fondos, se espera que sean enviadas al Congreso en agosto, según informaron fuentes cercanas al Gobierno.
El tratamiento de estas iniciativas estará estrechamente vinculado a la negociación del Presupuesto y a la relación con los gobernadores, cuyos legisladores son fundamentales para la aprobación de la mayoría de los proyectos. Específicamente, la reforma electoral requiere de mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 diputados y 37 senadores.
Este capítulo también incluye un objetivo político de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además de la eliminación o suspensión de las PASO, el oficialismo está elaborando un esquema de colectoras que permitirá que varias listas de categorías inferiores respalden una misma candidatura presidencial. La intención es ampliar el apoyo territorial de Milei a través de acuerdos con gobernadores aliados, quienes recibirían votos para la candidatura presidencial mientras conservan su identidad en las elecciones legislativas locales.
Entre las prioridades se encuentran también dos proyectos económicos que ya obtuvieron media sanción en Diputados pero se encuentran estancados en el Senado: el llamado Súper RIGI, que brinda beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a US$1000 millones en “nuevas industrias” y la reforma sobre subsidios al gas en zonas frías.
En un segundo plano se sitúan las iniciativas promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El paquete relacionado con la propiedad privada, que incluye la posibilidad de vender tierras nacionales a extranjeros y agiliza los procesos de desalojo, volvió a ser postergado en la última sesión por falta de apoyos. Además, no ha avanzando el proyecto conocido como “Hojarasca”, que busca derogar normativas que el Gobierno considera obsoletas o restrictivas para la economía.
El equipo de Sturzenegger también ha preparado una nueva Ley General de Sociedades, enviada al Senado a fines de mayo, que propone un régimen societario más flexible e incorpora elementos relacionados con blockchain e inteligencia artificial. Hasta el momento, esta iniciativa no ha logrado avanzar.
Otros proyectos de relevancia, como un nuevo régimen de pensiones por discapacidad, una ley de salud mental, una reforma sobre ludopatía y la derogación de la ley de etiquetado frontal, se encuentran en el Senado a la espera de tratamiento en comisión.
En Diputados, continúan pendientes la regulación de la actividad de lobby, que genera resistencias en casi todo el arco político, la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que está demorada a la espera de definiciones de Estados Unidos sobre los compromisos arancelarios establecidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.
