Con una decisión que contó con una votación de 8 a 1, este fallo podría abrir la puerta a reclamaciones similares de otras empresas e individuos norteamericanos cuyos bienes fueron expropiados después de la revolución cubana. Esta información fue suministrada por The New York Times.
El caso se planteó en un momento en que la administración de Donald Trump intensificaba la presión sobre el régimen cubano, en medio de una crisis humanitaria en la isla, exacerbada por la interrupción de envíos de petróleo desde Venezuela y México. La administración Trump respaldó a Havana Docks Corporation en su entorno legal contra importantes líneas de cruceros que se beneficiaron de los muelles confiscados. El gobierno consideró que este tipo de demandas, autorizadas por el Congreso en los años noventa, son una herramienta de política exterior para desincentivar inversiones en Cuba.
El juez Clarence Thomas, autor del fallo mayoritario, afirmó que quienes hagan uso de propiedades afectadas por confiscaciones del pasado son responsables ante cualquier ciudadano estadounidense que presente un reclamo sobre esos bienes. Así, la Corte determinó que Havana Docks solo necesitaba demostrar que las líneas de cruceros habían utilizado la propiedad confiscada de la que la empresa tenía un derecho reconocido.
Por su parte, la juez Elena Kagan, en su voto disidente, argumentó que los muelles eran propiedad del gobierno cubano y que el interés de la empresa había expirado mucho antes de que las líneas de cruceros comenzaran a utilizarlos.
Aún se desconoce el efecto de esta decisión sobre otros casos similares, ya que la Corte Suprema no ha tomado una resolución sobre un caso relacionado con los activos de Exxon Mobil confiscados en la isla.
Antes de la revolución cubana, muchas compañías estadounidenses dominaban gran parte de la infraestructura eléctrica, el sistema de telecomunicaciones, la minería, los ingenios azucareros, las refinerías y los almacenes en Cuba. Luego de que Castro asumiera el poder, estos activos fueron transferidos a empresas estatales. Muchos inversionistas estadounidenses presentaron reclamos a la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, que en 1971 certificó que Havana Docks Corporation tenía derecho a una compensación de 9,1 millones de dólares, una suma que hoy equivaldría a cerca de 100 millones ajustados por la inflación. En total, la comisión certificó 1.900 millones de dólares en reclamos, llegando a unos 9.300 millones en la actualidad, según el U.S.-Cuba Trade and Economic Council.
En 1996, tras el derribo de dos aviones de la organización Hermanos al Rescate por cazas cubanos, lo que resultó en la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente, el Congreso de EE. UU. endureció el embargo comercial. En ese contexto, se promulgó la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton), que estableció que la resolución de estos reclamos era una condición fundamental para restablecer relaciones económicas y diplomáticas con Cuba.
