Mientras tanto, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que depende de la Procuración General de la Nación, se encuentra elaborando un informe para evaluar “si hay inconsistencias entre los ingresos y egresos” del patrimonio de Adorni, jefe de Gabinete. Los recientes descubrimientos han llevado a tomar nuevas medidas de prueba en el caso.
Según informaron fuentes cercanas al proceso, la justicia ha confirmado que Manuel Adorni poseía criptomonedas que aparentemente no figuran en su declaración jurada. La fiscalía dirigida por Gerardo Pollicita busca consolidar los datos sobre el dinero invertido, mientras que nueva información ha ingresado a la causa.
Manuel Adorni está relacionado con dos criptomonedas adicionales. Por esta razón, el representante del Ministerio Público solicitó datos a las empresas involucradas para determinar si “tienen movimiento financiero o no” y a qué periodo pertenecen.
Con los nombres de las compañías que operan en el ámbito de los criptoactivos, el fiscal Pollicita ha pedido información específica sobre el dinero que se ha movido mediante esta metodología, así como el periodo de esos movimientos y si las empresas están operativas.
Esta solicitud complementa información ya revelada sobre movimientos de ingresos y egresos a través de criptoactivos. Aunque la cantidad de criptoactivos y fondos involucrados es un dato reservado, los investigadores señalaron que dichos movimientos ocurrieron en 2024, lo que implica que deberían estar incluidos en la última declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, esos datos no están reflejados.
Por este motivo, se ha profundizado esta línea de investigación mediante nuevas medidas enviadas por el Ministerio Público Fiscal, luego de obtener información sensible sobre movimientos que no corresponderían a las declaraciones patrimoniales del funcionario.
Respecto al manejo de efectivo de Manuel Adorni, los investigadores han determinado que, entre viajes al extranjero, alojamiento y gastos relacionados con la adquisición de propiedades, así como el mantenimiento y alquiler de una casa en Indio Cuá, la cifra supera los 370.000 dólares en menos de un año.
La primera observación que realizan los investigadores es que dichas divisas “no cuentan, por el momento, con el respaldo documental necesario”. No obstante, desde el entorno del jefe de Gabinete aseguran que los números “están en orden” y que en su momento “se presentará la declaración jurada” que aclarará las dudas planteadas por la justicia.
