El pasado jueves, sin previo aviso, el Gobierno restringió el acceso a los periodistas, inicialmente argumentando la necesidad de profundizar la investigación sobre una supuesta infiltración rusa en los medios de comunicación. Como resultado, se impuso una restricción de ingreso a la sala de prensa para periodistas de siete medios durante más de dos semanas, y se presentó una denuncia penal desde la Casa Militar, dependiente de Karina Milei, contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, tras la aparición de grabaciones en ese medio de los pasillos y áreas internas de la Casa de Gobierno.
“La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, explicó el secretario de Prensa y Comunicación, Javier Lanari. Esta medida ha permanecido sin cambios desde su implementación el jueves pasado.
Mientras los periodistas acreditados se vieron obligados a recurrir a bares cercanos para continuar con sus labores, una amplia serie de rechazos comenzó a surgir, involucrando a diversos partidos y líderes de la oposición, así como a entidades periodísticas como ADEPA y Fopea, y representantes de la sociedad civil. El viernes, el arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, recibió a representantes de periodistas acreditados en la Casa de Gobierno en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Hoy, Lozano se unió a los periodistas en la Plaza de Mayo para expresar su respaldo al reclamo por poder acceder a sus tareas.
“Tenemos que buscar caminos para dialogar y visibilizar la situación, dimensionar su gravedad y buscar soluciones”, afirmó Lozano, situado cerca de la reja que separa la Plaza de Mayo de la Casa Rosada. También instó a “poner fin a los discursos de odio y promover la cultura del encuentro, como pedía el Papa Francisco”. En relación a los medios acreditados, el religioso destacó que su trabajo “sirve para informar a la sociedad, que tiene derecho a conocer los actos de gobierno”.
En un comunicado divulgado hoy, el Episcopado reiteró una postura similar. “Los trabajadores de prensa expresaron la importancia de este espacio que funciona en la Casa de Gobierno prácticamente de forma ininterrumpida desde 1940. Reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar, que es fuente de sustento para sus familias, y a la libre expresión.”
