La Justicia porteña hizo lugar a una cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que haga valer su autonomía en el territorio en materia de seguridad y sea quien coordine el operativo de la marcha del próximo miércoles 9 de abril que encabezarán jubilados junto a gremios agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), en la previa del paro nacional.
El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de CABA, a cargo del juez Roberto Gallardo, le ordenó al Poder Ejecutivo que encabeza Jorge Macri que se abstenga de convalidar y/o legitimar la intervención de fuerzas de seguridad federales en el territorio porteño por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad.
Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto con la CGT y los representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
En ese sentido, el magistrado dispuso que la administración de Jorge Macri delimite el ámbito de intervención y jurisdicción en CABA de las fuerzas federales que están a cargo de Patricia Bullrich con motivo de la protesta convocada por jubilados y gremios para el próximo miércoles. Además, ordenó que se garantice la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes en el ámbito porteño.
El juez ordenó a la Ciudad coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización “dejando sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, y que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
Qué dice el amparo presentado por UTEP y la CGT
El amparo fue presentado por Walter Alejandro Gramajo, secretario General y representante legal de la UTEP, junto con Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de DDHH de la CGT y secretarios de UEJN. En el escrito citaron el artículo 129 de la Constitución Nacional, donde se reconoce la autonomía de CABA. Además, recordaron que en los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior (24.059) se establece cuándo pueden intervenir las fuerzas federales fuera de su ámbito.
Asimismo, argumentaron el GCBA que cuenta con una fuerza de seguridad propia, la Policía de la Ciudad, que está capacitada para actuar en situaciones de movilización y protestas como la que acontecerán el próximo miércoles.
A su vez, señalaron que la administración porteña no adhirió al Protocolo Nacional de Seguridad (Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de vías de Circulación) impulsado por Bullrich a fines del 2023 mediante la resolución 943/2023, el cual señala que “las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal. También podrán intervenir en territorios provinciales o de la CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES en los casos y bajo las condiciones establecidas por los artículos 23 y 24 de la ley de Seguridad Interior Nº 24.059”.
El fallo del juez Roberto Gallardo sobre el operativo para la marcha de jubilados
En el fallo, se afirma que “no se trata, entonces, de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública. El riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”.
Siguiendo esa línea recuerda que en los últimos meses “varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”. En las últimas protestas de jubilados, efectivos de las fuerzas federales dejaron decenas de heridos, entre ellos a Pablo Grillo, un fotoreportero que recibió el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógena, hecho por el cual debió ser internado en grave estado.
Además considera “igualmente preocupante” la “actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional” debido a su avanzada sobre la autonomía de la CABA “so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”.
En virtud de ello, el juez Gallardo ordenó al Gobierno porteño que “en razón de su autonomía constitucionalmente reconocida (…) reasuma sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de seguridad pública”. De manera que, de cara a la manifestación masiva convocada para el miércoles próximo en las inmediaciones del Congreso, sea el GCBA quien “despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan”.
El fallo pone en conocimiento a las autoridades porteñas, al Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich y a los titulares de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval, fuerzas que estuvieron presentes en los últimos operativos.
Durante la movilización del miércoles pasado, cientos de jubilados se hicieron presentes frente al Congreso para reclamar un aumento de sus haberes y nuevamente hubo incidentes tras un fuerte operativo de seguridad: un policía atropelló a un camarógrafo que estaba trabajando en el lugar cubriendo la manifestación.
