La ley instituyó un programa provincial de prevención que debe coordinarse entre los ministerios de Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social. Asimismo, contempla el desarrollo de campañas de concientización, la capacitación de docentes y familias, asistencia a personas afectadas y el bloqueo de sitios de apuestas en las redes de internet de instituciones educativas y organismos públicos.
La falta del decreto reglamentario ha dejado muchas de estas medidas sin una aplicación efectiva y evaluable. Actualmente, no hay un protocolo único que permita detectar casos en el ámbito escolar, derivar a adolescentes, asistir a familias o medir el número de consultas relacionadas con el juego en línea.
La legisladora Silvia Elías de Pérez ha solicitado la reglamentación inmediata, mencionando que uno de cada cuatro jóvenes tucumanos entre 12 y 17 años habría tenido contacto con plataformas de apuestas. Esta cifra, presentada por la legisladora, subraya la necesidad de una medición provincial oficial para entender la magnitud del problema.
A nivel nacional, UNICEF ha alertado que aproximadamente uno de cada cuatro adolescentes ha realizado al menos una apuesta, iniciando esta actividad comúnmente alrededor de los 13 años. El fácil acceso a sitios clandestinos, las transferencias digitales y la promoción en redes sociales han disminuido las barreras para ingresar a estos espacios.
La legislación tucumana también contempla a la Caja Popular de Ahorros, el organismo provincial encargado de las apuestas autorizadas, lo que implica que esta entidad debe cumplir un doble rol: recaudar recursos a través del juego legal y prevenir los daños asociados. Esto demanda un control riguroso, estadísticas precisas y campañas de comunicación completamente transparentes.
La demora en la reglamentación no puede ser atribuida a la Legislatura, que ya estableció el marco legal, ni solamente al auge de las plataformas ilegales, muchas de las cuales operan fuera de la provincia. La responsabilidad de la reglamentación recae en el Ejecutivo que lidera Jaldo.
No obstante, se debe tener en cuenta que la reglamentación no solucionará por sí sola la problemática de la ludopatía. Las páginas clandestinas cambian frecuentemente de dominio, emplean influenciadores y permiten ingresos a través de cuentas prestadas. Sin embargo, sin un marco operativo, Tucumán no puede aprovechar las herramientas que la ley ya establece.
El Gobierno debe definir quién se encargará de bloquear los sitios en las redes escolares, cómo se denunciarán las plataformas ilegales, qué área se encargará de elaborar estadísticas, dónde se brindará atención a los menores y qué presupuesto se destinará al programa.
Además, tiene la obligación de informar sobre la cantidad de campañas realizadas desde la sanción de la ley, cuántas consultas ha recibido el sistema de salud y qué controles ha implementado la Caja Popular sobre publicidad, identificación de usuarios y juego responsable.
Cada mes que pasa sin acción aumenta la brecha entre el incremento de las apuestas digitales y la respuesta del Estado. Mientras los sitios operan las 24 horas desde cualquier dispositivo móvil, la ley provincial aguarda un decreto en la esfera del Ejecutivo.
Jaldo ya posee la herramienta legal y cuenta con el respaldo unánime que la creó. Lo que se requiere es una acción decisiva en la gestión, no más declaraciones de preocupación. Hasta que ello ocurra, los adolescentes continuarán en riesgo frente a plataformas diseñadas para aprovecharse de ellos, mientras que la ley existe únicamente en el papel, sin desplegar su protección en la realidad.
