Según se ha informado, la Asociación de Maestros y Profesores está debatiendo la posibilidad de llevar a cabo un paro inicial de 24 horas, con la opción de intensificar la medida si el Ejecutivo no retoma las negociaciones antes del final del receso invernal.
El Gobierno ha comunicado que el incremento promedio para los empleados estatales será de entre un 14% y un 15%. En el sector educativo, el paquete incluye un aumento del 4% al sueldo básico, además de $70.000 en remunerativos no bonificables y otros $50.000 a través de Chachos, la cuasimoneda provincial utilizada para complementos salariales.
La administración de Quintela afirma que, con este nuevo esquema, un docente principiante podría alcanzar un salario cercano a $1 millón. También aseguraron que esta mejora representa una inversión adicional de aproximadamente $12.200 millones mensuales para la provincia.
Sin embargo, el sindicato ha cuestionado esta presentación, argumentando que la mayor parte del incremento no se suma al sueldo básico. Según el gremio, el aumento real en ese componente sería cercano a $15.000, mientras que las sumas no bonificables no tienen el mismo impacto en antigüedades, jerarquías y carrera docente.
La discusión no solo gira en torno al monto final que recibe cada trabajador. Cuando los aumentos se concentran en sumas fijas, se reducen las diferencias entre cargos y años de servicio, lo que deteriora la estructura salarial sobre la que se basan otros beneficios.
El sindicato también ha señalado que no hubo una paritaria genuina para discutir la composición del aumento. La decisión del Ejecutivo se comunicó sin un acuerdo previo con la organización, lo que deja al conflicto sin resolución a pocos días del regreso a clases.
Hasta el momento de la última evaluación gremial, el paro no había sido formalmente confirmado. Esta aclaración resulta relevante: la amenaza podría anularse si se produce una convocatoria junto a una propuesta que modifique el esquema cuestionado.
Sin embargo, la cercanía del inicio de clases deja poco margen de maniobra. La provincia era consciente de los reclamos salariales antes del receso, por lo que comunicar una fórmula que el principal sindicato considera insuficiente no garantiza la normalidad para el lunes.
Quintela y su ministerio de Educación tienen la responsabilidad directa en esta negociación, así como en el financiamiento y la continuidad pedagógica. No pueden alegar sorpresa ante un eventual paro cuando las advertencias fueron planteadas con antelación.
La inclusión de Chachos introduce una controversia adicional, ya que este bono solo se puede utilizar en ciertos comercios y circuitos dentro de la provincia, careciendo de la aceptación general del peso y no cubriendo todos los gastos familiares fuera de La Rioja.
El Gobierno deberá esclarecer qué parte del aumento se incorporará al sueldo básico, cómo afectará a jubilaciones y antigüedad, la duración de los pagos extraordinarios, y qué planes existen para reemplazar los bonos por moneda nacional.
La provincia necesita que las clases se reanuden con normalidad, pero esta continuidad no puede depender exclusivamente de la obligación de presentismo. Es necesario alcanzar un acuerdo que el Ejecutivo aún no ha conseguido cerrar.
Si las escuelas no abren el lunes, no será por una crisis imprevista; será consecuencia de una política salarial que Quintela presentó como aumento, pero que no logró transformar en un acuerdo.
