Los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla podrían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de un decreto. Así lo confirmó desde Italia el presidente de la Nación, Javier Milei. “Si yo lo puedo sacar como pedí, por el Senado, lo saco por el Senado. Si me aparece la demanda y, el Senado, no me resuelve lo tengo que resolver. Entonces, transitoriamente resuelvo el problema, y después el Senado lo convalida o lo rechaza”, señaló el mandatario durante una entrevista radial que concedió a un medio del país europeo.
Mientras las negociaciones entre la administración libertaria y diferentes actores de la oposición continúa, la paciencia del presidente argentino parece estar agotándose y ya no oculta la posibilidad de nombrar a sus candidatos por decreto. Con la certeza de la jubilación de Juan Carlos Maqueda, uno de los cuatro miembros de la Corte, la necesidad de ocupar las vacantes se transformó en un tema de Estado.
Sin embargo, en el Congreso aún no se avanzó con el tratamiento de los pliegos. No es la primera vez que el Ejecutivo advierte que no le temblará el pulso si sus candidatos no reciben el visto bueno por parte de los distintos bloques de la oposición. De hecho, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había confirmado en noviembre que la designación por decreto forma parte de una de las “alternativas que están en análisis”.
“El Ejecutivo ha presentado -como establece la Constitución- candidatos a ministros de la Corte que no ha sido tratada aún por el Senado y estamos con una Corte que va a quedar con 3 miembros en los próximos días, con lo cual hay una preocupación del Gobierno en que la Corte esté integrada”, explicó en referencia a Juan Carlos Maqueda, quien cumple en diciembre 75 años, edad límite para ocupar su cargo.
Por su parte, desde Unión por la Patria anunciaron a través de comunicado divulgado en noviembre “el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional”.
En el texto, también señalaron que “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”: Al respecto, los senadores agregaron: “Como se desprende claramente de la redacción constitucional e interpretación pacífica de la doctrina, el término 1empleos’ hace referencia al personal militar y diplomático que depende directamente del PEN, pero que requiere acuerdo del Senado de la Nación”.
“El mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto cabeza del Poder Judicial, independiente de los otros dos poderes consagrados en la Constitución Nacional y cuya organización está dispuesta en la Sección Tercera del texto constitucional, es único y está previsto en el inc. 4 del art. 99; que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inc. 19 del mismo artículo. Es por eso que la designación ‘en comisión’ de un juez o jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional, y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país”, agregaron.
Asimismo, subrayaron “la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional” y se comprometieron a “iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”.
