Dos médicos del Cuerpo Médico Forense correntino tomaron muestras de ADN el último domingo a José Peña y María Luisa Noguera, los padres de Loan Danilo Peña, el chico desaparecido en Corrientes hace 13 días.
El estudio fue realizado por orden de los fiscales Juan Castillo y Guillermo Barry, los investigadores originales del caso. Las pruebas se encuentran bajo custodia en la UFRAC, la Unidad de Recepción y Análisis de Casos del MPF correntino, en la capital provincial.
El timing de la pericia, que consta en la lista de 52 pruebas que Castillo y Barry enumeraron para elaborar el cierre de su expediente, llama la atención en dos frentes. Primero, ocurre no a horas de la denuncia de la desaparición, sino a horas de que los fiscales provinciales enviaran la causa al fuero federal, por un posible hecho de trata de personas.
También, sorprende por qué hoy, los fiscales federales del caso, con Mariano de Guzmán, la PROTEX a cargo de Alejandra Mangano y Marcelo Colombo y la jueza Cristina Pozzer Penzo, repiensan la investigación desde cero, lo que incluye la posibilidad de un asesinato.
Hallar vivo a Loan, sano y salvo, requeriría un cotejo genético para descartar dudas sobre su identidad. Lo requeriría más todavía encontrarlo sin vida, coinciden expertos forenses y detectives policiales habituados a esclarecer homicidios, con la chance de un hallazgo parcial de restos sin posibilidad de una identificación, por ejemplo, de huellas dactilares. Peña y Noguera, por ahora, no se encuentran imputados de delito alguno.
Pensar a la desaparición de Loan como un posible homicidio no obedece a una pieza de evidencia. La trata, desde ya, tampoco está descartada. Sin embargo, la PROTEX, hasta ahora, todavía no cuenta con ninguna prueba de las producidas por Castillo y Barry que apunte a un hecho de trata de personas.
Los documentos de la causa enviados por Castillo y Barry a la PROTEX constan principalmente de actas, constancias y tareas de campo, como el levantamiento de rastros. No se cuenta, por ejemplo, con pericias telefónicas exhaustivas. Los fiscales correntinos habían anunciado que imputaban por trata al marino retirado Carlos Pérez y su pareja, la ex funcionaria municipal María Caillava, por el contenido de pruebas en celulares. La PROTEX, por lo pronto, cuenta con la extracción forense al teléfono de Mónica Millapi, una de las primeras detenidas del caso. No había nada que indicara una prueba tendiente a la trata de personas en el material analizado hasta ayer en Comodoro Py.
Se encontraron estudios de impactos de antena de celulares de los acusados en la zona de 9 de Julio entre los documentos recibidos. La Justicia federal buscará profundizar este análisis, con un pedido a la DAJUDECO, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que releve todas las antenas de la zona y determine todos los teléfonos que pasaron por allí.
Hay, por otra parte, otras medidas en curso ordenadas en la causa federal que son de carácter reservado.
El marino retirado Carlos Pérez y su pareja, la ex funcionaria municipal María Caillava, se negaron a declarar, tal como el comisario Walter Maciel, acusado de encubrirlos. Hasta ahora, la prueba más fuerte en su contra, al menos de las que trascendieron públicamente, es el rastro odorológico de Loan detectado por perros en los vehículos de la pareja.
