El Gobierno nacional defendió su política de desregulación y presentó los resultados que atribuye a las reformas implementadas en distintos sectores de la economía. Durante una exposición en Madrid, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, afirmó que la administración de Javier Milei ya intervino sobre 18.000 disposiciones y sostuvo que la eliminación de trabas administrativas es una condición para impulsar la actividad económica, reducir costos y ampliar la competencia.
La presentación se realizó en la Conferencia Internacional de Banca 2026 de Santander, organizada en la Ciudad Financiera del banco, en Boadilla del Monte. El encuentro reunió a representantes de gobiernos, empresas y entidades bancarias para debatir sobre inversiones, innovación, productividad y estabilidad económica frente a los cambios tecnológicos y geopolíticos.
Cacace explicó que el programa de desregulación había sido preparado antes de la llegada del actual Gobierno al poder y que su implementación avanza en paralelo con la estabilización fiscal, monetaria y financiera. Según planteó, el objetivo del presidente Javier Milei es convertir a la Argentina en el país con mayor libertad económica del mundo.
Para medir los avances, el funcionario señaló que el Ejecutivo utiliza el índice de libertad económica de la Fundación Heritage. De acuerdo con los datos que presentó, la Argentina pasó del puesto 146 al comienzo de la gestión al 126 durante el primer año y al 106 en el segundo. “Somos el país que más avanzó en esa clasificación en el mundo”, aseguró.
El secretario indicó que el Gobierno lleva un registro de las normas eliminadas, derogadas o modificadas, aunque consideró que el aspecto central es el impacto de esas decisiones sobre los mercados. En ese sentido, afirmó que la administración intervino sobre 18.000 disposiciones dentro de un universo cercano al millón de regulaciones: unas 700.000 correspondían a decretos presidenciales, 200.000 a resoluciones ministeriales y 30.000 a leyes.
Según Cacace, la acumulación de normas incrementaba los costos administrativos, generaba incertidumbre para ciudadanos y empresas y, en algunos casos, provocaba que continuaran aplicándose disposiciones que ya habían sido derogadas.
Para ejemplificar los efectos de las reformas, mencionó los cambios en el sector energético. Sostuvo que la flexibilización regulatoria contribuyó a que la Argentina pasara de un déficit comercial de 4.000 millones de dólares a un superávit cercano a los 10.000 millones en dos años.
También se refirió a la yerba mate, donde, según afirmó, la desregulación estuvo acompañada por una caída del 40% en los precios y un aumento del 30% en las exportaciones. En el mercado de alquileres, señaló que la eliminación de los controles de precios cuadruplicó la oferta en la ciudad de Buenos Aires en un período de dos años.
El funcionario sostuvo que las pequeñas y medianas empresas, los productores y los emprendedores alejados de los centros de decisión son los más perjudicados por las exigencias administrativas. En ese marco, destacó la plataforma Reportá la burocracia, que permite informar sobre regulaciones que afectan la actividad económica.
De acuerdo con Cacace, el sistema recibió 17.000 presentaciones y algunas decisiones desreguladoras surgieron de esos reclamos. Como ejemplo, relató el caso de un productor mendocino que exportaba ajo a Corea del Sur para elaborar puré, pero debía cumplir requisitos vinculados con el tamaño del producto. A partir de su planteo, el Gobierno identificó un decreto de 1935 sobre la actividad frutihortícola y resolvió derogarlo.
Otro de los casos mencionados fue el permiso exigido para importar bienes de capital usados. El trámite demoraba en promedio 84 días y rechazaba cerca de una de cada cinco solicitudes. Cacace cuestionó la discrecionalidad que, a su entender, permitía ese mecanismo y afirmó que el Gobierno optó por eliminarlo, en lugar de limitarse a digitalizarlo o reducir los plazos.
“Modernizar, simplificar o digitalizar algo inútil no deja de ser inútil”, resumió.
La exposición también incluyó los cambios en la estructura del Estado que el Ejecutivo vincula con su política de reducción de regulaciones. Cacace indicó que la cantidad de ministerios pasó de 20 a ocho y que se recortó más de un tercio de las secretarías, subsecretarías y organismos directivos.
Además, afirmó que la administración federal pasó de tener 340.000 empleados públicos a menos de 270.000, una reducción cercana al 20%. Según explicó, en algunos casos el Gobierno modificó la estructura de organismos que se resistían a los cambios regulatorios y, en otros, decidió eliminarlos.
“Hay cosas que simplemente tienen que desaparecer”, sostuvo al defender el criterio de la administración. También afirmó: “Si la burocracia se resiste, puede ser eliminada también”.
Al cerrar su presentación, el secretario resumió la estrategia oficial en tres ejes: contar con un plan previo, acompañar la desregulación con estabilidad macroeconómica y evaluar si cada intervención estatal cumple una función concreta.
En esa misma jornada, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, destacó a la Argentina como un ejemplo de disciplina fiscal y afirmó que el país está sentando las bases para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica y financiera.
