El gobernador bonaerense Axel Kicillof dispuso desde septiembre de 2020 de $400 mil millones adicionales a la coparticipación y transferencias discrecionales de la Nación, por el FFFBA (Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires), creado por Alberto Fernández en la pandemia a partir del recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, y que hoy Javier Milei eliminó por decreto.
A valores actuales, equivalen a $1,64 billones en tres años y cuatro meses, teniendo en cuenta el índice de inflación promedio de cada año. El monto es más de un mes del pago total de haberes a jubilados y pensionados en enero último, una erogación que ascendió a $1,44 billones.
El Gobierno resolvió eliminar esa caja bonaerense, a partir de la publicación del decreto 192/2024 en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Caputo. La medida se enmarca en el fuerte ajuste fiscal que está llevando adelante el Ejecutivo nacional, con un recorte casi absoluto de los giros no automáticos a las provincias. Abrió así un nuevo foco de conflicto, en medio de la disputa con el gobernador chubutense, Ignacio Torres, y su enfrentamiento con los gobernadores por el déficit cero que quiere alcanzar en las cuentas nacionales. Kicillof es el mandatario más cercano a Cristina Kirchner, y quien más duramente salió a cruzar a Milei desde la oposición kirchnerista apenas asumió el libertario.
El cobro de este Fondo había sido uno de los reclamos que Kicillof, a través de su ministro de Economía, Pablo López, quien le exigió días atrás a Caputo el “inmediato pago del saldo adeudado” por esos dos meses del 2023 y el de enero de 2024. El gobernador bonaerense dará hoy una conferencia de prensa a las 14.30 horas en el Salón Dorado de la Gobernación y anunciará que irá a la Justicia. “Le explicará a los bonaerenses cómo va afectar a su vida cotidiana esta decisión de Milei y que se va a judicializar”, adelantaron en su entorno.
Por su parte, Mauricio Macri había elevado el porcentaje para CABA a 3,50% y el ex mandatario del Frente de Todos lo redujo al 2,32%. Luego, Fernández envió una ley al Congreso para darle mayor aval legal al decreto, que fue sancionada en diciembre de 2020. Esa decisión rompió la armonía existente entre Casa Rosada y el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en plena pandemia y marcó el inicio de un conflicto que sigue hasta estos días, ya que la Ciudad de Buenos Aires llevó al reclamo a la Corte Suprema, que le dio la razón en diciembre de 2022. En noviembre último el Máximo Tribunal desestimó los pedidos de excusación y recusación formulados por el Estado nacional contra sus integrantes y abrió el camino para ejecutar una sentencia multimillonaria, lo que podría complicar aún más las finanzas de la administración nacional.
Buenos Aires fue la provincia que más transferencias discrecionales, corrientes y de capital sumadas, recibió en 2023. Más allá de los giros por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el distrito gobernado por el mandatario más alineado con Cristina Kirchner resultó favorecido con $824.112 millones en total el año pasado. El monto equivale al 43,8% del total de fondos enviados a las 24 jurisdicciones por Fernández en su último año, muy por encima del 38% que representa su población del total del país.
Esa canilla de fondos nacionales jugó un rol clave en la reelección de Kicillof, y es el motivo por el que el gobernador bonaerense adoptó una actitud más belicosa entre los dirigentes de Unión por la Patria, y dispuso una suba del impuesto inmobiliario en la provincia del 200% a partir de enero de este año, para compensar la merma de fondos nacionales.
En el decreto conocido esta madrugada, el Gobierno argumentó que “la severidad de la crisis pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común”. A su vez, reiteró que “ninguna otra administración nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.
“Con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de 5 puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los 10 puntos de su déficit”, se agregó.
