La medida quedó formalizada mediante el DNU 1286/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente y los ministros del Gabinete. La norma modifica el decreto 88/2026, que dispuso la disolución del IOSFA y la creación de dos organismos separados: la OSFA, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente del Ministerio de Seguridad. Esta última recibió la cobertura de los afiliados de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval que anteriormente estaban incluidos en el sistema unificado.
Con el nuevo esquema, la conducción de la OSFA, encabezada por el general de brigada Pablo Plaza, deberá establecer primero la cantidad de empleados que necesita y luego seleccionar a los trabajadores de la estructura residual del IOSFA que ocuparán esos puestos. El Poder Ejecutivo argumentó que un traslado generalizado habría provocado un desequilibrio financiero, operativo y presupuestario, especialmente porque la nueva entidad tiene un límite del 8% de sus recursos para gastos administrativos y de funcionamiento.
La administración sostiene que la población beneficiaria de la OSFA quedó por debajo de las previsiones iniciales y que, por lo tanto, la estructura de personal debe adecuarse a esa dimensión. El objetivo declarado es construir una obra social sostenible, garantizar la continuidad de las prestaciones médicas y evitar que se repita el desfasaje entre ingresos y gastos que afectó al IOSFA.
El artículo 7 del nuevo decreto establece tres posibles destinos para los empleados. Quienes sean seleccionados pasarán a la OSFA bajo el régimen jurídico correspondiente a su situación laboral. El personal que no sea transferido quedará bajo la órbita del administrador de la entidad en liquidación, que deberá analizar cada caso. En tanto, los trabajadores de Gendarmería y Prefectura que cumplían funciones en comisión o adscripción deberán regresar a sus organismos de origen.
Una vez concluida la disolución, los empleados de planta permanente con estabilidad que continúen en disponibilidad permanecerán en esa situación dentro del Ministerio de Defensa hasta que sean reubicados o se resuelva su desvinculación.
La reorganización avanza mientras persisten reclamos por el funcionamiento de la obra social, las deudas con prestadores y la continuidad de servicios en distintas provincias. Entre los puntos más conflictivos se encuentra el futuro de las 31 farmacias vinculadas al IOSFA, cuyo cierre estaría previsto en resoluciones internas.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una jornada nacional de protesta para reclamar la continuidad de esos establecimientos, con manifestaciones en ciudades como Mar del Plata, Puerto Belgrano, Santa Fe, San Juan y Córdoba. El gremio advirtió que están en riesgo unos 1.450 puestos de trabajo y anunció una movilización al Ministerio de Defensa. La situación genera preocupación adicional por los vencimientos de contratos estatales previstos para el 30 de noviembre.
Desde la OSFA, en cambio, sostienen que el nuevo modelo permitirá ampliar la red de farmacias disponibles para los afiliados y ahorrar más de $7.800 millones, recursos que podrían destinarse directamente a prestaciones médicas. Según las autoridades, la cobertura comenzará con más de 2.000 farmacias adheridas y el objetivo es triplicar esa cantidad mediante convenios. También aseguraron que la provisión de medicamentos continuará.
Otro foco de conflicto es el futuro de los hoteles y centros recreativos que dependían del IOSFA. En Córdoba, ATE alertó que la eliminación de las áreas de turismo y recreación, dispuesta mediante el decreto 778/2026, puso en riesgo los empleos de más de 300 trabajadores civiles distribuidos en siete hoteles y residencias. En algunos casos, se habrían alcanzado acuerdos para sostener los puestos hasta febrero.
La OSFA, sin embargo, dejará de administrar esos servicios y concentrará sus funciones exclusivamente en la cobertura médica. La decisión es que los hoteles y espacios recreativos regresen a las Fuerzas Armadas que los aportaron cuando se creó el IOSFA, en 2013. El Ministerio de Defensa y cada fuerza deberán definir el destino de esos establecimientos, que quedarán fuera de la nueva obra social.
La crisis también tuvo consecuencias políticas y judiciales. La diputada nacional Lourdes Arrieta, quien se alejó de La Libertad Avanza, impulsó una denuncia penal contra el exministro de Defensa Luis Petri por presuntas irregularidades en la administración del organismo. La presentación mencionó posibles delitos como administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes y abandono de persona. Según la denuncia, una auditoría detectó que la obra social pasó de un superávit de $25.000 millones a un déficit superior a los $210.000 millones.
La vicepresidenta Victoria Villarruel también responsabilizó públicamente a Petri por la situación y cuestionó la paralización de servicios destinados al personal militar y sus familias. Por su parte, el actual ministro de Defensa, Carlos Presti, calificó la creación del IOSFA como un error de diseño y sostuvo que el organismo nunca funcionó adecuadamente.
En paralelo, el Ministerio de Defensa informó a comienzos de octubre el pago de $8.000 millones a clínicas, sanatorios y otros prestadores de doce provincias para asegurar servicios considerados críticos, entre ellos internaciones, anestesia, diagnóstico por imágenes y laboratorios.
Desde el 1 de octubre, la OSFA también revisó 21.000 solicitudes de reintegros pendientes por casi $10.000 millones. Además, inició gestiones para firmar alrededor de 1.000 convenios con prestadores que trabajaban con el IOSFA. Más de 500 ya fueron suscriptos, aunque bajo acuerdos transitorios.
La reestructuración busca limitar los gastos administrativos al 8% de los recursos y destinar más del 80% a prestaciones, según los objetivos informados por la conducción de la nueva entidad. El plan incluye controles de gastos, procedimientos más eficientes y la incorporación de tecnología para agilizar trámites y mejorar la atención en todo el país.
El proceso de liquidación tuvo otro cambio en septiembre, cuando renunció el coronel retirado Ariel Guzmán como administrador de la estructura residual del IOSFA. En su lugar asumió el contador Gonzalo Secchi, especializado en auditoría corporativa, contabilidad y derecho tributario. El plazo máximo establecido para completar la disolución y el saneamiento del organismo vence el 4 de febrero de 2027.
