La escalada de precios se afirma en un nuevo escalón, por encima del 6%. Y las estimaciones para este año, punta a punta, y para el 2023 son alarmantes. Condicionan el debate sobre las pautas presupuestarias para un nuevo año electoral
Los datos sobre la inflación siguen siendo alarmantes. El índice oficial de agosto y lo que va de septiembre confirman una escalada con algunos desniveles aunque en continuado. Las estimaciones anualizadas son pésimas. ¿Cuál sería el factor diferente hacia adelante? No tiene que ver sólo con sus consecuencias sociales evidentes, sino con el posible debate sobre el Presupuesto para el año electoral que asoma. La realidad, al menos por esa ventana, se cuela en la agenda política y corre el foco hacia el Congreso.
Los movimientos empiezan a ser visibles. La definición del proyecto de Presupuesto 2023 figura como primer tema para Sergio Massa, después de su visita a Estados Unidos con el objetivo de buscar aval político de Washington, exponer ante inversores y ratificar los compromisos ante el FMI, con guiño efectivo sobre la segunda revisión del acuerdo. Gestos amables que apenas disimulan el sentido de mesas examinadoras, cargadas de prevenciones, persistentes.
El Gobierno debe enviar el texto a Diputados, este jueves. Juntos por el Cambio y otros espacios de la oposición esperan para pronunciarse formalmente. Parece claro que el trámite no será sencillo, por varias razones, entre ellas el antecedente del fracaso del Presupuesto de este año. Es una cuestión compleja: esa vez, la posibilidad de un acuerdo para no dejar al Gobierno sin ley se cayó de golpe, ya en el recinto. La oposición evalúa que nada fue inocente, y eso alimenta nuevas especulaciones, como se verá.
El dato más potente, con todo, es otro: la inflación. Agosto anota un retroceso respecto al pico del 7,4% de julio, aunque consolidando un piso mensual del IPC por encima de los 6 puntos porcentuales. Es la cifra que ya se proyecta para septiembre, en base a lo que marcan consultoras privadas con relevamientos de la primera semana. Hace apenas unos meses, se hablaba de un escalón del 5%: algo por arriba de ese nivel se habían ubicado mayo y junio.
El último relevamiento del Banco Central coloca la proyección de este año por arriba del 95%. Y el pronóstico para el 2023 supera el 80 por ciento. Por supuesto, se verá con el correr de los meses. Alcanza, claro, para colocar un foco central sobre la elaboración de los cálculos y asignaciones en el despliegue presupuestario del próximo año.
Las explicaciones políticas desde el oficialismo han tenido algunos ejes que fueron puestos en crisis por el día a día. Uno es el reflejo de las comparaciones de un mes con otro, cuando resultan convenientes, para tratar de hablar de tendencias cada vez que los números marcan una baja. La otra, es la atribución de las últimas trepadas de precios -de manera casi exclusiva o central- a la situación internacional producida por la guerra que desató Rusia al invadir Ucrania.
Y la tercera argumentación defensiva, repetida insólitamente por Alberto Fernández en declaraciones a un medio español, está centrada en una forzada interpretación de la inflación en Estados Unidos y Europa, con comparaciones basadas en porcentajes de porcentajes. El 8 ó 9% anual de esos países sería más grave que el 90% local. Un disparate.
La real dimensión del proceso inflacionario es un punto central, no el único, de la discusión que viene en el Congreso. La proyección que finalmente sea aprobada determinará en buena medida la calidad de los números del Presupuesto, el nivel de ajuste y la asignación de recursos. En esa línea, el antecedente inmediato tiene varias lecturas.
El proyecto 2022 no logró aprobación cuando parecía imponerse una salida de compromiso, que le iba a permitir al Gobierno contar con ley a pesar de las críticas de la oposición. El debate subió de tono y la intervención de Máximo Kirchner terminó provocando una reacción en bloque de la oposición.
El oficialismo acusó a JxC de romper con cierta tradición que asegura de algún modo el Presupuesto escrito por el Ejecutivo. En la otra vereda creen que aquel desenlace fue precipitado de manera intencional por el Frente de Todos, con dos objetivos básicos: deshacerse del “dibujo” de Martín Guzmán -así era calificado el texto por legisladores oficialistas- y manejarse por decreto, para adecuarse a los compromisos con el FMI y ajustar partidas.
Ahora, entonces, se verá si existe voluntad y margen para negociar en Diputados. JxC, el peronismo no alineado con el oficialismo y legisladores de otros espacios opositores ya anticiparon límites. Quizá los principales sean el rechazo a aumentar la presión tributaria y la puesta en guardia frente a otros “recursos”, como manejos con la deuda interna y financiamiento de obras.
El clima en este terreno viene complicado. Diputados sigue sin tratar la prórroga de varios impuestos, entre ellos y en primer lugar Ganancias y Bienes Personales. El punto no es la prórroga en sí misma, sino las condiciones. El mensaje de JxC, por ejemplo, plantea que debería ser aceptada una reducción del impacto de estos impuestos para destrabar el tema.
Existen además presiones de las provincias. Los gobernadores peronistas y algunos aliados ya reclamaron -y lo hicieron de manera pública- que el proyecto garantice las obras públicas ya comprometidas- Dejan trascender que Massa les envió señales para tranquilizar ese frente. Cada jefe provincial está atento a este punto.
Inflación, ingresos, obras públicas, impuestos. Son puntos sensibles, a veces contradictorios, que expone la agenda real de estos días. La perspectiva electoral suma tensiones.
