Forma parte de la política de reducción del déficit fiscal, complementa el ahorro que el ministro de Economía busca con el inicio de la segmentación de tarifas. Las áreas afectadas
El ministro de Economía mantuvo otro fin de semana muy activo con el foco en el freno de la expansión del gasto público en lo que resta del corriente año, mientras avanza con los lineamientos de las pautas presupuestarias para 2023, previo a su viaje en septiembre a los EEUU para continuar las negociaciones del acuerdo vigente con el FMI.
Pocas horas después que comunicara el nombramiento formal de Gabriel Rubinstein como secretario de Programación Económica, que tendrá a cargo darle consistencia macroeconómica a las medidas que vaya desplegando la gestión de Sergio Massa y seguramente el interlocutor más habitual con el equipo del FMI responsable del seguimiento del acuerdo con la Argentina, desde la directora gerente, Kristalina Georgieva, pasando por el director del Departamento Hemisferio Occidental, el brasileño Ilan Goldfajn, hasta el jefe de la “misión argentina”, el venezolano Luis Cubeddu, el ministro, junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, firmó su primera Decisión Administrativa, y séptima del año, que dispone el recorte neto del gasto de la Administración Central en lo que resta del año en $128.000 millones.
A través de la D.A. 826 del 20 de agosto publicada en el Boletín Oficial de este lunes 22, con un Anexo de 22 folios en el que se detallan los recortes presupuestarios en diversas áreas del Poder Ejecutivo y sólo la ampliación de una partida, que en principio implicará un ahorro final de una cifra similar, equivalente 3,1% del déficit fiscal total que se proyectaba hasta el viernes último en $4,09 billones, y ahora se prevé que baje a $3,95 billones, antes del efecto esperado con la baja proporcional de subsidios económicos por unos $47.000 millones con la formalización de la segmentación tarifaria de los servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua.
Según los considerandos de la norma de marras ”Las modificaciones de los créditos presupuestarios de las áreas involucradas en la reorganización ministerial del Poder Ejecutivo Nacional establecida mediante el Decreto N° 451 del 3 de agosto de 2022 se realizan con cargo a las denominaciones presupuestarias de origen” buscan avanzar en la dirección de reducir el déficit de la finanzas de la Administración Central.
Ministerio de Desarrollo Productivo, para el financiamiento de la producción:-$70.000 millones;
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Planificación: -$50.000 millones;
Ministerio de Educación, Conectar Igualdad: -$50.000 millones;
Ministerio de Obras Públicas, Recursos Hídricos: -$20.000 millones;
Ministerio de Transporte, Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo: -$10.000 millones; y
Ministerio de Salud, Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles: -$10.000 millones.
Por el contrario, los ministros Manzur y Massa dispusieron el aumento del crédito presupuestario de la Tesorería General de la Nación en $82.000 millones, para Asistencia en Servicios Económicos (”otras asistencias financieras”).
Subejecución de los gastos y recursos
La actualización de los datos de la ejecución presupuestaria de los gastos y recursos previstos para todo 2022, hasta el último viernes 19 de agosto, arrojaba el 55,11% en el caso de la partida de erogaciones sobre un total $16,43 billones; y de 54,47% de los ingresos totales de $12,34 billones, pese a que hasta entonces había transcurrido el 63,2% del año calendario.
Al 19 de agosto la Administración Central había ejecutado el 55,11% del gasto total asignado para 2022, mientras que había percibido el 54,47% de los ingresos
No obstante esa aparente subejecución presupuestaria, el saldo base caja acumulaba hasta julio un notable aumento del déficit fiscal, así como una creciente partida de gastos efectuados pero no pagados -deuda flotante-, por lo que cabe esperar nuevas decisiones administrativas con mayores recortes de partidas, para poder honrar el compromiso vigente en el acuerdo con el FMI de baja del desequilibrio de las finanzas públicas a 2,5% del PBI, antes del pago de intereses de la deuda.
Ese ordenamiento de las cuentas públicas se considera clave para poder avanzar sobre una base ajustada en las pautas de gastos e ingresos del año próximo, el cual contará con la previsión del ahorro de unos $400.000 millones por el efecto pleno del recorte de los subsidios sobre los servicios públicos de electricidad, gas y agua, pero al mismo tiempo se sumarán las partidas destinadas a cubrir las exigencias de las elecciones nacionales generales.
