La medida quedó plasmada en el decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece reservas sobre las negociaciones destinadas a modernizar el equipamiento militar. La decisión se produce en un escenario de renovadas tensiones con el Reino Unido por la cuestión Malvinas y por el avance del proyecto Sea Lion, que contempla la exploración petrolera británica en el Atlántico Sur.
En ese contexto, el Ministerio de Defensa mantiene un estricto hermetismo sobre las posibles incorporaciones de material bélico. Entre las iniciativas bajo análisis se encuentra la compra de tres submarinos convencionales Scorpène, fabricados por una compañía francesa, una operación que figura en el proyecto de presupuesto para 2027 y que deberá ser debatida por el Congreso.
La propuesta presupuestaria contempla autorizar al Gobierno a tomar préstamos públicos para financiar la adquisición de tres submarinos por US$ 2.300 millones y dos fragatas multimisión por otros US$ 1.200 millones. Sin embargo, la administración nacional no brindó detalles adicionales sobre el estado de las conversaciones.
La recuperación de la capacidad submarina es una de las prioridades de la Armada, que no cuenta con submarinos operativos desde el hundimiento del ARA San Juan, en noviembre de 2017. El objetivo es incorporar unidades con propulsión diésel-eléctrica que permitan realizar patrullajes oceánicos con características de sigilo.
En paralelo, el Gobierno analiza el armamento que utilizarán los 24 cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, de los cuales la mitad ya se encuentra en el Área Material Río Cuarto. Entre las alternativas consideradas figuran los misiles AIM-120 AMRAAM, de alcance medio y largo, capaces de superar los 160 kilómetros de distancia según la variante.
El plan de modernización también contempla la incorporación de aproximadamente 30 drones livianos de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) para el Ejército. Estos equipos combinarían las ventajas de un multirrotor con la eficiencia de vuelo de un avión de ala fija y contarían con cámaras diurnas, sensores térmicos, telémetros láser y más de 40 minutos de autonomía.
La cooperación con Estados Unidos constituye otra parte de la estrategia. En junio de este año, ambos países firmaron una carta de intención para facilitar el acceso de las Fuerzas Armadas argentinas a nuevas tecnologías y sistemas de aeronaves no tripuladas. El entendimiento incluye la posibilidad de incorporar drones y equipos antidrones, cuya importancia creció a partir de su utilización en conflictos armados recientes.
Entre las prioridades militares también figuran el fortalecimiento de los radares de vigilancia y alerta temprana, los sistemas de reconocimiento táctico y las defensas antiaéreas de corto alcance.
Mientras avanzan las negociaciones, el Gobierno concretó esta semana otra incorporación: la entrega de seis helicópteros livianos Bell 407GXi, destinada a modernizar las capacidades del Ejército y de la Fuerza Aérea. La operación culminó un proceso iniciado en 2023.
Durante la entrega de la última aeronave, realizada en Campo de Mayo, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, destacó que los nuevos helicópteros permitirán ampliar la movilidad, la autonomía operativa y la capacidad de despliegue de las fuerzas. La unidad entregada será asignada a la V Brigada de Montaña General Manuel Belgrano, con sede en Salta.
El financiamiento de estos proyectos se discute en paralelo con las previsiones presupuestarias para el próximo año. El proyecto de presupuesto 2027 asigna al Ministerio de Defensa unos 5,2 billones de pesos, un incremento nominal del 20% respecto del año anterior. La suba, sin embargo, se ubica por debajo de la inflación anual estimada en torno al 30% por analistas privados.
El nuevo esquema de reserva sobre las compras militares se inscribe así en una estrategia de reequipamiento que combina negociaciones internacionales, recuperación de capacidades navales y aéreas y modernización de los sistemas de vigilancia. El alcance final de las adquisiciones dependerá de la evolución de las negociaciones y de las autorizaciones presupuestarias correspondientes.
