El debate constituye el primer gran juicio oral centrado en el funcionamiento del aparato represivo en el sur cordobés. A diferencia de otros procesos realizados en la provincia, la investigación pone el foco en la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y las jerarquías militares que controlaban el territorio. También permitirá juzgar por primera vez, en este contexto regional, la participación de integrantes de las fuerzas policiales.
El tribunal está integrado por Carolina Prado, quien preside las audiencias, junto con María Noel Costa y Julián Falcucci. La causa principal, elevada a juicio en junio de 2025, comprende 63 hechos que afectaron a 70 víctimas, más del 90% de ellas en Río Cuarto. A ese expediente se sumarán otras investigaciones para ser tratadas durante el mismo debate. En el conjunto de las causas, los acusados deberán responder por hechos que involucran a 78 víctimas.
Durante la primera audiencia se presentaron los requerimientos de elevación a juicio. Los 20 imputados estuvieron presentes, algunos en la sala y otros mediante videoconferencia. Juan Eduardo Molina, que había concurrido al tribunal, sufrió una descompensación y fue trasladado a un sanatorio. Ninguno de los acusados aportó información sobre los hechos investigados y algunos rechazaron las imputaciones.
Nueve de los acusados afrontan por primera vez un juicio por estos delitos, mientras que los restantes ya recibieron condenas en procesos anteriores por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos se encuentra Ernesto “Nabo” Barreiro, exintegrante del Ejército vinculado a graves delitos cometidos durante la última dictadura en Córdoba.
Uno de los ejes centrales del debate será reconstruir el circuito de detención, tortura y traslado de las víctimas. La acusación sostiene que distintas dependencias estatales que funcionaban formalmente como instituciones legales también fueron utilizadas para mantener personas secuestradas y someterlas a tormentos.
Entre los lugares señalados figuran la delegación de la Policía Federal en Río Cuarto, la Unidad Regional Sur de la Policía de Córdoba y el Batallón de Arsenales José María Rojas, ubicado en Holmberg. Este último fue sede de la Subárea Militar 3115, posteriormente convertida en el Área 315, desde donde se ejercía el control militar de la región y se coordinaban acciones represivas.
La investigación también reconstruye los traslados de víctimas hacia la ciudad de Córdoba, donde algunas fueron llevadas a dependencias del Departamento de Informaciones de la Policía provincial, conocido como D2, a la Unidad Penitenciaria N.º 1 de barrio San Martín y a los centros clandestinos de detención La Perla y Campo La Ribera. Además, se investigan secuestros realizados en otras provincias, entre ellas Santa Fe y San Luis, cuyos detenidos fueron trasladados posteriormente a instalaciones represivas de Río Cuarto.
El proceso examinará las responsabilidades de integrantes de la delegación local de la Policía Federal, la Unidad Regional Sur, el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, la Infantería Aerotransportada, la Policía Militar y los mandos del Ejército. El objetivo es establecer cómo funcionó la coordinación entre esas estructuras en la persecución ilegal de personas.
La comunidad universitaria ocupa un lugar destacado entre las víctimas. Docentes, estudiantes y trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto fueron objeto de tareas de inteligencia y persecución por sus actividades políticas, sociales y gremiales. Según la investigación, las fuerzas represivas realizaron tareas de espionaje y secuestros vinculados con la casa de estudios.
Otro aspecto bajo análisis será el papel de las instituciones judiciales durante el terrorismo de Estado. Parte de las víctimas fue investigada por el Juzgado Federal de Río Cuarto por presuntas infracciones a la Ley de Seguridad Nacional, mientras que otras quedaron sometidas a la justicia militar. Algunas personas denunciaron las torturas sufridas ante autoridades judiciales, pero la investigación no encontró pruebas de que se hubieran iniciado acciones para esclarecer esos delitos.
No hay exfuncionarios judiciales entre los acusados porque fallecieron antes de ser imputados o juzgados, según los antecedentes de la causa.
El proceso es el vigésimo juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Córdoba desde la reanudación de los enjuiciamientos, luego de la derogación de las leyes de impunidad. Su apertura llega después de años de investigación, reclamos de organismos de derechos humanos, familiares y sobrevivientes, y sucesivas demoras en el avance de los expedientes.
A diferencia de otros juicios provinciales concentrados en los grandes centros clandestinos de la capital cordobesa, este debate buscará reconstruir específicamente la estructura represiva que operó en Río Cuarto y las localidades cercanas. La Universidad Nacional de Río Cuarto, la Municipalidad y organismos de derechos humanos de la región trabajaron para impulsar la causa, y está previsto que algunas audiencias se desarrollen en la propia ciudad.
