El número representa la diferencia acumulada entre las altas y las bajas de personal durante los primeros 32 meses de gestión de Javier Milei, y no la cantidad de desvinculaciones producidas en un único período. La tendencia descendente se mantuvo desde comienzos de 2024 y se profundizó durante los años siguientes.
En enero de 2024, la reducción acumulada era de 7.299 puestos respecto de diciembre de 2023. La diferencia llegó a 15.799 en abril, superó los 24.000 en junio y alcanzó los 37.356 al cierre de ese año. Durante 2025, el recorte acumulado rondó los 45.015 puestos en marzo, superó los 50.000 en mayo y llegó a 61.657 en diciembre.
La tendencia continuó durante los primeros ocho meses de 2026: la reducción pasó de 64.842 puestos en enero a 77.515 en agosto. Según el desglose presentado, la mayor parte de la variación correspondió a la administración centralizada y descentralizada, seguida por las empresas estatales. El personal militar y de seguridad tuvo una incidencia menor en el total.
En este contexto, el Gobierno oficializó un nuevo Régimen de Retiro Voluntario para determinados trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. La medida fue aprobada mediante el Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Sturzenegger.
El programa está dirigido al personal de planta permanente comprendido en la Ley de Empleo Público y a quienes mantienen contratos de trabajo por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, dentro de las jurisdicciones y organismos alcanzados. El período de adhesión está previsto entre el 1 y el 30 de noviembre, con la posibilidad de una prórroga por única vez de hasta 30 días corridos.
Sturzenegger señaló que alrededor de 20.000 agentes podrían solicitar su incorporación al régimen. Esa cifra corresponde al universo potencial de interesados y no implica una meta obligatoria de desvinculaciones ni anticipa cuántas solicitudes serán aceptadas.
La normativa establece que cada jurisdicción deberá evaluar los pedidos y podrá rechazarlos cuando considere que la salida del trabajador afecta el funcionamiento de los servicios. Una vez cerrado el período de inscripción, los organismos tendrán 40 días corridos para resolver las solicitudes. Según las condiciones informadas, la falta de una respuesta expresa dentro del plazo se considerará un rechazo.
Uno de los puntos centrales del programa es que los cargos presupuestarios correspondientes a quienes accedan al retiro deberán eliminarse cuando se concrete el cese de la relación laboral. De esta manera, el mecanismo busca reducir no solo la cantidad de trabajadores, sino también la estructura presupuestaria asociada a sus puestos.
Las compensaciones previstas varían según la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada agente. Para quienes estén próximos a la edad jubilatoria, pero todavía no reúnan los años de aportes necesarios, el esquema contempla la posibilidad de percibir el 60% de la remuneración bruta durante un máximo de 36 meses o hasta completar los requisitos para jubilarse. También se prevén modalidades de pago único relacionadas con la antigüedad.
En otros casos, el incentivo puede consistir en una suma equivalente a un salario bruto por cada año de servicio, con diferentes límites y adicionales según el tiempo de permanencia en planta. El régimen excluye, entre otros, a quienes ya reúnen los requisitos para jubilarse, iniciaron ese trámite o tienen una renuncia pendiente de aceptación.
Tampoco podrán acceder quienes estén involucrados en determinados procesos disciplinarios o sumarios, ni quienes mantengan reclamos administrativos o judiciales contra el Estado por cuestiones laborales sin desistir de esas acciones. La restricción contempla una excepción para los reclamos vinculados con la Ley de Riesgos del Trabajo.
El alcance del plan se limita a la Administración Pública Nacional centralizada. Quedan excluidos las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Servicio Exterior, los organismos de inteligencia y las entidades descentralizadas. Por eso, el programa no comprende a todos los sectores incluidos en las estadísticas de reducción del empleo público acumuladas hasta agosto.
Además, quienes acepten el retiro no podrán reingresar al Sector Público Nacional durante ocho años, salvo las excepciones previstas en la normativa. La disposición busca evitar que los puestos eliminados vuelvan a cubrirse mediante nuevas contrataciones en el corto plazo.
La iniciativa se suma a las medidas impulsadas por el Gobierno para reducir la dotación y el gasto asociado a la estructura estatal. Sin embargo, su impacto efectivo dependerá de la cantidad de trabajadores que soliciten el beneficio, de las adhesiones que sean aprobadas y de las fechas en que se concreten las desvinculaciones.
Los datos correspondientes a agosto no incluyen todavía los posibles efectos del nuevo régimen, cuya inscripción comenzará en noviembre. Las próximas estadísticas de empleo público permitirán determinar cuántas salidas se producen mediante este mecanismo y qué incidencia tienen sobre la evolución de la plantilla estatal.
