En la Cámara baja también podría avanzar una iniciativa para mejorar la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, impulsada por legisladores de distintos espacios políticos. El proyecto surgió a partir de las consecuencias del caso del fentanilo contaminado y cuenta con un consenso amplio. Tras recibir dictamen hace veinte días, se espera que llegue al recinto la próxima semana, aunque su tratamiento dependerá de la estrategia parlamentaria del oficialismo. Su implementación, en caso de convertirse en ley, también genera interrogantes.
La prioridad del Gobierno, sin embargo, es resolver el conflicto en torno a la ley de Tierras, que ya tuvo consecuencias políticas en el Senado y quedó atravesado por dos decisiones consecutivas de la Corte Suprema. La oposición decidió centrar su ofensiva en el DNU 70/2023 en su conjunto, en lugar de limitarse al artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin restricciones.
En ese contexto, legisladores de distintos bloques opositores convocaron a una sesión especial para el jueves, con temas que podrían aumentar la presión sobre el Gobierno, entre ellos la morosidad y la emergencia en discapacidad. La convocatoria se produjo después de que la Corte Suprema rechazara un amparo presentado por excombatientes de Malvinas y dejara vigente el artículo del decreto que suspende la ley de Tierras. Sin embargo, una segunda decisión del máximo tribunal suspendió provisoriamente la aplicación de ese artículo, una resolución que el oficialismo interpretó como un alivio.
La distensión no alcanzó para despejar las dudas dentro del bloque gobernante. Algunos diputados habitualmente alineados con la Casa Rosada no están dispuestos a dejar sin quórum la sesión opositora sobre un tema tan sensible sin contar con una alternativa concreta. Frente a ese escenario, los libertarios, encabezados por Martín Menem, impulsaron una nueva estrategia: retomar el tratamiento de los aspectos pendientes de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e incorporar un capítulo sobre la ley de Tierras, con restricciones a la venta de terrenos a personas y empresas extranjeras.
El alcance de la propuesta se definirá en un plenario de comisiones previsto para el miércoles. El resultado permitirá medir hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a modificar su posición antes de la sesión del día siguiente. Si el dictamen no presenta cambios significativos, la oposición considera que podría no reunir el quórum necesario para abrir el debate del jueves y quedar limitada a expresar sus posiciones desde una sesión en minoría. De todos modos, el conflicto seguirá abierto.
La semana siguiente, el oficialismo intentará aprobar en una sesión especial un conjunto de proyectos destinados a modificar decisiones impulsadas por la oposición en distintas instancias. La agenda incluirá la ley de Tierras y las iniciativas vinculadas con la morosidad y la emergencia en discapacidad. Además, en comisiones avanzarán los proyectos relacionados con el Presupuesto y Malvinas, que requieren negociaciones específicas y podrían sufrir modificaciones antes de llegar al Senado.
En la Cámara alta, mientras tanto, continúa pendiente la reforma electoral. Las conversaciones no se concentran únicamente en la bancada oficialista que conduce Patricia Bullrich, sino que también están condicionadas por la intervención de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y de Diego Santilli, uno de los principales operadores del Gobierno.
Los socios parlamentarios, entre ellos el PRO y la UCR, y algunos gobernadores que mantienen una relación fluida con la Casa Rosada reclaman garantías antes de avanzar en acuerdos. En paralelo, circulan versiones sobre una postura más conciliadora de Karina Milei, mientras que otros interlocutores del oficialismo, como Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, mantienen una posición más rígida. La estrategia combina acercamientos y presiones con la mirada puesta en las elecciones de 2027.
Las conversaciones con los mandatarios provinciales incluyen tanto las necesidades económicas de sus distritos como las condiciones políticas para respaldar al Gobierno. El objetivo no pasa únicamente por conseguir votos en el Congreso, sino también por establecer acuerdos que contemplen las aspiraciones de continuidad de los gobernadores y el proyecto de reelección de Javier Milei, sin que La Libertad Avanza obstaculice sus estrategias electorales locales.
La principal dificultad consiste en definir qué garantías pueden ofrecerse y en qué momento hacerlo. El calendario electoral agrega presión, especialmente ante el pedido de la Cámara Electoral de evitar demoras en las decisiones nacionales y frente a los planes de algunos gobernadores de adelantar sus comicios.
En este escenario, la evolución de la economía aparece como un factor determinante para el clima político de los próximos meses. Algunos mandatarios y sectores cercanos al Gobierno prefieren esperar para evaluar cómo evolucionan las condiciones antes de cerrar acuerdos. Esa cautela refleja la incertidumbre sobre la fortaleza de los interlocutores y las posibilidades de sostener compromisos políticos de cara a 2027.
