La dificultad para acceder a una vivienda se convirtió en uno de los principales problemas sociales de España. El debate político sobre cómo enfrentar la crisis se intensificó tras el fracaso de un paquete de medidas en el Congreso y en medio de crecientes movilizaciones sociales. Entre los episodios que alimentaron las protestas estuvo el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que debió abandonar la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas. El inmueble había sido adquirido por una empresa de inversión que buscaba aumentar el alquiler un 275%. Abascal falleció la semana pasada.
Para quienes llegan desde el exterior, encontrar un departamento no depende únicamente de contar con dinero para pagar la renta. Los propietarios y las aseguradoras suelen exigir recibos de sueldo, antigüedad laboral, contratos indefinidos y documentación de residencia. Estos requisitos representan una dificultad adicional para los inmigrantes que todavía no consiguieron un empleo estable.
“Es muy complejo. A quienes desean alquilar se les piden tres nóminas salariales, un NIE o DNI y contratos de trabajo indefinidos”, explica Valeria Massats, especialista en el mercado inmobiliario de Madrid.
Incluso para quienes cumplen con esas condiciones, el precio sigue siendo el principal obstáculo. Según Massats, alquilar una propiedad en zonas privilegiadas de Madrid puede costar alrededor de 1.400 euros mensuales, una cifra equivalente a un salario mínimo. Hace cinco años, un monoambiente en esas mismas áreas rondaba los 850 euros.
En los barrios más demandados, la presión turística y la rentabilidad de los alquileres temporarios reducen las opciones para quienes buscan una residencia permanente. En zonas céntricas como Salamanca o Almagro, los propietarios pueden obtener ingresos elevados mediante estadías breves. “A un turista le cobran hasta 300 euros la noche”, señala Massats.
Alejarse del centro es una de las alternativas para reducir los gastos. En barrios periféricos como Vallecas, un departamento de un dormitorio puede costar unos 700 euros mensuales, aunque vivir más lejos implica dedicar más tiempo a los traslados cotidianos.
La diferencia de rentabilidad entre los alquileres temporarios y los residenciales también influye en la oferta. Según Massats, un departamento de tres habitaciones puede alcanzar los 3.500 euros mensuales en la modalidad temporal, mientras que el mismo inmueble puede alquilarse por unos 2.000 euros mediante un contrato residencial de mayor duración.
En Barcelona, la situación presenta características similares. Monserrat Villa logró encontrar una vivienda para compartir con su pareja gracias a un contacto y a la posibilidad de presentar avalistas. “Tuve bastante suerte. Nadie había visto el apartamento antes y nos permitieron presentar avales. Logramos firmar un contrato de cinco años”, cuenta. Según explica, ese plazo resulta poco habitual frente a la oferta de contratos de 11 meses.
La posibilidad de permanecer varios años en una misma vivienda permite organizar los gastos y reducir la incertidumbre de tener que mudarse con frecuencia. Sin embargo, Villa señala que muchos propietarios exigen al menos un año de antigüedad laboral, una condición que puede llevar a algunas personas a permanecer en empleos que no desean solo para cumplir con el requisito.
En cuanto a los precios de Barcelona, Villa estima que un departamento de un dormitorio sin amoblar cuesta entre 900 y 1.000 euros mensuales. Si está amoblado, el valor puede llegar a los 1.200 euros, aunque una parte importante de esa oferta se destina a estadías cortas y al turismo.
La velocidad con la que se alquilan las propiedades agrava el problema. “En las aplicaciones de búsqueda de alquiler, las propiedades desaparecen minutos después de ser publicadas porque fueron alquiladas”, explica Villa. Quienes no consiguen una vivienda a tiempo pueden terminar recurriendo a alojamientos turísticos, pese a que sus precios son considerablemente más altos.
Gonzalo Docal también advierte sobre la brecha entre los salarios y los alquileres. Una persona que cobra entre 1.400 y 1.500 euros netos al mes y quiere vivir sola en Madrid puede enfrentar rentas de entre 1.000 y 1.200 euros, o incluso superiores, aun cuando no busque en el centro de la ciudad.
Cuando el alquiler absorbe dos tercios o más de los ingresos, queda poco margen para afrontar gastos de transporte, alimentación, servicios, impuestos, salud y ocio, además de ahorrar. Para Docal, esta situación vuelve prácticamente imposible que muchas personas vivan solas y las obliga a compartir piso hasta los 30 o 40 años, o incluso más, por necesidad económica.
Con más de 25 años de residencia en Madrid, Docal sostiene que conseguir una vivienda no depende solamente de poder pagarla. La competencia es elevada y los propietarios o las aseguradoras suelen pedir recibos de sueldo, contratos indefinidos y comprobantes de ingresos muy superiores al costo mensual del alquiler. Estas exigencias afectan especialmente a los trabajadores autónomos y a quienes tienen empleos considerados menos estables.
El desembolso inicial también puede ser elevado: al primer mes de alquiler se suman la fianza y, en algunos casos, garantías adicionales que pueden representar miles de euros. Docal advierte, además, que algunas inmobiliarias todavía intentan cobrar honorarios a los inquilinos, aunque los gastos de gestión inmobiliaria de los contratos de vivienda habitual deben ser asumidos por el propietario.
Massats distingue entre el alquiler de mediana estancia, que abarca períodos de 31 días a 11 meses, y los contratos de larga duración. Según explica, los alquileres temporales deben estar justificados documentalmente, por ejemplo, mediante un contrato de trabajo o una admisión universitaria. Para los contratos de larga duración, señala que suelen solicitarse contratos laborales indefinidos o, en el caso de los autónomos, declaraciones de la renta.
La crisis habitacional también puede modificar las decisiones migratorias. Aunque Madrid concentra oportunidades laborales, su mercado residencial presenta fuertes tensiones. Barcelona combina una elevada demanda de trabajadores y migrantes con la presión del turismo y una oferta limitada de viviendas.
Valencia se convirtió en una alternativa atractiva para extranjeros, aunque también enfrenta aumentos en los alquileres. En Málaga y la Costa del Sol, la demanda residencial compite con los usos turísticos. Como consecuencia, la ciudad donde una persona consigue empleo no siempre coincide con aquella en la que puede pagar una vivienda.
El Informe Anual 2025 del Banco de España señala que, cuando los precios reales del alquiler de una provincia aumentan frente a los de otras, disminuye su capacidad para atraer determinados flujos migratorios, que pueden desplazarse hacia destinos alternativos.
A las dificultades de acceso se suma la escasez de vivienda social. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este tipo de viviendas representa alrededor del 3% del total en España. El Banco de España también identifica el crecimiento de los alquileres turísticos, de habitaciones y de corta duración, junto con la limitada disponibilidad de vivienda social, como factores que restringen la oferta residencial.
