El gasto primario del Gobierno aumentó un 4,6% en septiembre en términos reales y revirtió dos meses consecutivos de fuertes recortes presupuestarios. La mejora en la recaudación tributaria le dio mayor margen de maniobra a la administración nacional, aunque el incremento se concentró en partidas específicas mientras otras áreas continuaron bajo ajuste.
El aumento interrumpió las caídas registradas en julio y agosto, cuando el gasto se redujo un 9% y un 10%, respectivamente. La evolución surge de datos preliminares de ejecución presupuestaria analizados por una consultora privada.
Entre las partidas que más crecieron se encontraron las pensiones no contributivas, con un incremento de $400.000 millones, y las jubilaciones y pensiones contributivas, con una suba de $200.000 millones. Además, el rubro de bienes y servicios aumentó un 37%.
Parte de ese crecimiento se explicó por el gasto en vacunas y por los cambios en la atención médica de beneficiarios de pensiones no contributivas. Una parte de esas prestaciones comenzó a ejecutarse mediante la compra directa de medicamentos, en lugar de transferencias. El resto correspondió a servicios técnicos, vigilancia, mantenimiento y alquileres.
Sin embargo, otras áreas registraron nuevas reducciones. La obra pública cayó un 27,1% interanual en términos reales, principalmente por las obras ejecutadas directamente por el Estado nacional. Las transferencias a las provincias disminuyeron un 24,3%, mientras que los subsidios económicos retrocedieron un 16,7%, con bajas tanto en energía como en transporte. Por su parte, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se redujeron un 12,9%.
La suba de septiembre fue una excepción dentro de la política de contención del gasto. En lo que va de 2026, también se habían registrado incrementos en marzo y junio, del 2% y el 4%, respectivamente. En los últimos 24 meses, solo siete tuvieron una expansión del gasto. Pese al repunte de septiembre, el gasto primario acumula una caída del 3% en el año.
El ajuste aplicado durante 2026 estuvo vinculado con la evolución de los ingresos fiscales y con el objetivo oficial de sostener el equilibrio fiscal, una de las principales directrices económicas del Gobierno de Javier Milei.
En paralelo, un análisis de la Fundación Mediterránea planteó interrogantes sobre los límites de la reducción del gasto y advirtió sobre la posibilidad de que la economía haya quedado «sobreajustada», con consecuencias para la actividad.
El análisis sostuvo que el ajuste fiscal inicial fue necesario para frenar la aceleración de la inflación y señaló que, desde 2025, la política económica también se orientó a restringir la cantidad de pesos en circulación. No obstante, identificó desafíos pendientes para impulsar la inversión.
Entre ellos, mencionó que el ahorro disponible no siempre se traduce en inversión productiva y que una mayor demanda de dólares puede convertirse en un problema económico. También señaló que las decisiones de inversión dependen de la rentabilidad esperada y destacó que la caída del Merval del 13% en lo que va del año no refleja un escenario de optimismo. Por último, indicó que la inversión extranjera directa todavía no alcanzó el dinamismo esperado, pese a los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
