El operativo se realizó dos días después de una misa celebrada en Plaza Constitución, en la que sacerdotes que desarrollan su tarea en villas y barrios populares expresaron su respaldo a las personas afectadas por la trata y a quienes atraviesan distintas situaciones de exclusión.
Según la información difundida por el Gobierno porteño, el despliegue alcanzó a las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima.
Desde la administración de Jorge Macri señalaron que el objetivo de la intervención es reforzar la seguridad y avanzar con el ordenamiento del espacio público.
La proximidad entre el operativo y la celebración religiosa llamó especialmente la atención de integrantes de la Iglesia porteña. La misa estuvo encabezada por monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires, en representación del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva.
Durante la ceremonia, Cannavó destacó la importancia del trabajo digno y llamó a acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad hasta que puedan recuperar condiciones que les permitan salir adelante.
En ese mismo encuentro se leyó un pronunciamiento elaborado por sacerdotes que trabajan en villas y barrios populares de la Ciudad. El documento planteó las dificultades que atraviesan los habitantes de esos sectores y reclamó que las políticas vinculadas con el orden y la seguridad contemplen las características particulares de cada comunidad.
Los sacerdotes señalaron que los vecinos buscan respetar las normas y respaldan la necesidad de preservar el orden, pero advirtieron que el Estado también debe contemplar las condiciones históricas en las que se desarrollaron esos barrios.
En ese sentido, mencionaron la falta de leyes de integración sociourbana en algunos asentamientos y enumeraron problemáticas relacionadas con el uso del espacio público, la economía popular e informal, el endeudamiento de las familias, la precarización laboral, la falta de empleo y las condiciones habitacionales.
El planteo también apuntó a la necesidad de generar canales de comunicación más directos entre las autoridades y los vecinos antes de implementar medidas que afecten la dinámica cotidiana de esos barrios.
Los referentes religiosos señalaron que las propias comunidades cuentan con centros de salud, escuelas, comedores, capillas y otras organizaciones que podrían funcionar como espacios de comunicación y participación.
Además, remarcaron que persisten necesidades vinculadas con obras públicas, construcción y mejoramiento de viviendas, infraestructura eléctrica, redes cloacales y sistemas de desagües pluviales.
El planteo de los sacerdotes se produjo en un contexto marcado por el operativo de seguridad y puso el foco en la necesidad de compatibilizar las políticas de ordenamiento y seguridad con las condiciones sociales y urbanas particulares de los barrios populares.
