Bellingi, de 55 años, fue hallado con una herida de arma blanca en el pecho en la localidad de Villa Elisa, La Plata. Entre las hipótesis que manejan las autoridades se encuentra la de un posible suicidio.
El exfuncionario debía enfrentar en menos de tres semanas el inicio del juicio oral por la compra de un inmueble ubicado en Perón 667, sede de varias dependencias de la Procuración. En esa misma causa está imputada Gils Carbó, quien encabezó el Ministerio Público Fiscal y fue procesada en 2017, año en que presentó su renuncia.
El cuerpo de Bellingi fue encontrado este martes sobre calle 8, entre 406 y 407, en Villa Elisa. Un vecino que advirtió su presencia en la vía pública dio aviso a la Policía a través del 911.
Según información de la Policía bonaerense, el exfuncionario vestía un buzo verde, jeans y zapatos marrones, y presentaba manchas de sangre en la zona del tórax. Junto al cuerpo se hallaron un cuchillo con mango de madera de estilo criollo, su vaina correspondiente y una mochila azul.
En el lugar también fueron hallados su billetera, su teléfono celular y su reloj. La herida se ubicaba en la parte baja del tórax, con inclinación hacia el lado izquierdo. Según los primeros datos policiales, el cuerpo no presentaba signos de defensa ni otras lesiones visibles.
A partir de estos elementos, los investigadores evalúan la hipótesis de que Bellingi se haya quitado la vida. La pesquisa por su muerte se desarrolla apenas 20 días antes del inicio del juicio oral en el que iba a estar sentado en el banquillo junto a Gils Carbó.
La causa judicial investiga la compra, en 2013, de un inmueble en Perón 600, conocido como el Petit Hotel, donde funciona la Procuración General de la Nación. La operación se concretó por un monto de $43.850.000.
Para concretar la adquisición se llevó adelante una licitación en la que Bellingi tuvo participación desde su cargo en la administración de la Procuración. También intervino en el proceso su medio hermano, Juan Carlos Thill, quien cobró una comisión de $3 millones —unos US$ 500.000 según el tipo de cambio de ese momento— por el asesoramiento brindado a la inmobiliaria que a su vez asesoró a Arfinsa, la firma que finalmente le vendió el edificio a la Procuración.
Uno de los puntos que llamó la atención de la Justicia es que los contratos vinculados al cobro de las comisiones se firmaron antes de que se difundiera públicamente el resultado de la licitación.
Según la investigación judicial, la operación habría estado direccionada para beneficiar a determinados intermediarios, lo que permitió el pago de comisiones millonarias en torno a la compra del inmueble. La acusación sostiene que la licitación fue diseñada para favorecer al edificio finalmente adquirido por el organismo.
Los investigadores plantean además que podría haber existido un esquema acordado de antemano para darle apariencia de legalidad a la operación. En ese sentido, cobra relevancia el vínculo entre Bellingi y Thill, ya que uno intervenía en el proceso desde la Procuración y el otro percibió una de las comisiones cuestionadas.
La causa fue instruida por el juez federal Julián Ercolini, quien elevó a juicio oral tanto a Gils Carbó como a Bellingi. El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 8, integrado por los jueces Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, mientras que la acusación estará en manos del fiscal general Marcelo Colombo.
Gils Carbó dejó su cargo tras ser procesada en 2017 y en la actualidad ejerce como abogada, representando al empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, en la causa Cuadernos. Desde su salida, Eduardo Casal está al frente de la Procuración de manera interina.
