La decisión, firmada por el juez Leandro Marcos Cappello, argumenta que la empresa responsable no ha atendido las intimaciones y requerimientos realizados por la Municipalidad de Escobar a lo largo de los años.
La resolución subraya que el deterioro de la estructura de hormigón armado de 12 pisos, compuesta por columnas, losas y escaleras pero carente de muros interiores y acabados, ha empeorado con el tiempo, señalando que la demolición es la medida más apropiada para evitar riesgos para terceros.
El fallo también ordena el desanclaje, desarme y retiro inmediato de la grúa, considerada un peligro inminente para los residentes y sus propiedades cercanas.
El proyecto Floreal del Sol fue concebido en la primera mitad de la pasada década como un ambicioso desarrollo inmobiliario que incluía diversas torres residenciales, instalaciones hoteleras y áreas comerciales. Atrajo a una multitud de inversores, pero las obras se detuvieron abruptamente en 2015 y no se reanudaron. Con el transcurso del tiempo, la imponente estructura se transformó en un símbolo visual para quienes transitan o residen en la zona, además de ser objeto de constantes quejas por su estado de abandono.
Los comerciantes de las cercanías han manifestado en múltiples ocasiones su inquietud ante la acumulación de agua en un pozo del terreno, lo que afecta los cimientos, así como el riesgo de un posible colapso. Adicionalmente, han reportado la presencia frecuente de individuos ajenos al lugar.
Antes de solicitar la demolición, la Municipalidad de Escobar había llevado a cabo gestiones administrativas para demandar la implementación de medidas de seguridad, como la instalación de un cercado perimetral y la señalización correspondiente; sin embargo, estas acciones encontraban obstáculos debido a la situación jurídica del inmueble.
La reciente resolución judicial forma parte de un contexto más amplio, que incluye una causa penal en curso. En octubre de 2024, Daniel Oscar Fontanini, Carlos Alberto Pita y Emilia Mercedes Álvarez fueron procesados y embargados por presuntas irregularidades relacionadas con el desarrollo inmobiliario. Inversores han declarado que proporcionaron fondos para adquirir unidades que nunca fueron entregadas.
La Municipalidad de Escobar ha sido notificada de la sentencia y el proceder dependerá de si los propietarios deciden apelar la decisión judicial.
