Sebastián Amerio y Juan Ignacio Stampalija, de la Procuración del Tesoro Nacional, junto a José Ignacio Hamilton, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, explicaron que el fondo Attestor Value Master Fund LP había indicado, durante la misma semana de la sesión, que los bonos mencionados en el anexo del proyecto de ley no formaban parte del litigio. Por ello, una aprobación en el Senado no reflejaría adecuadamente el acuerdo alcanzado con el Estado nacional, que, de otra forma, requeriría un desembolso de 266 millones de dólares, aunque el país ha convenido pagar 104 millones.
En respuesta, se introducirá una adenda que eliminará los bonos incorrectos y los sustituirá por los pertinentes, un procedimiento que Hamilton describió como “un proceso que no es extraño”. Al establecerse el error consistente en la información de los acreedores, se logró una segunda prórroga hasta el 30 de junio para conseguir la aprobación en ambas Cámaras que valide el pago a los bonistas. El segundo acreedor es Bainbridge Ltd, a quien se le abonarán 67 millones de dólares por un litigio que originalmente ascendía a 96 millones.
“Estamos haciendo un acuerdo para cerrar los juicios y todos los bonos por los cuales la Argentina fue condenada van a ser entregados y cancelados”, subrayó Stampalija, quien reconoció que hay otros bonistas involucrados, aunque estos se encuentran en acuerdos distintos y de menor envergadura. Al concluir las presentaciones de los funcionarios, el oficialismo logró obtener un amplio respaldo en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Economía.
En la oposición, el chaqueño Jorge Capitanich planteó una serie de preguntas acerca de los costos del litigio, aunque luego manifestó su conformidad con las aclaraciones ofrecidas por los funcionarios del Gobierno. Sin embargo, afirmó que el bloque Justicialista tiene la intención de presentar un proyecto alternativo. El puntano Fernando Salino destacó otro punto de discrepancia: “Nos gustaría pagar primero otras cosas, especialmente considerando que estamos ante nueve meses de caída de la recaudación”.
Pese a estas objeciones, se prevé que el oficialismo obtenga una cómoda media sanción en el Senado, durante una sesión programada para el 28 de mayo. Este encuentro también abordará otros dos temas: la aprobación de una nueva serie de pliegos judiciales y la ratificación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que podría recibir dictamen ese mismo día.
