La historia económica del país explica parte de esa cautela. La Argentina incumplió nueve veces sus compromisos de deuda soberana y aplicó reiteradamente controles de capital que restringieron el acceso de los inversores a sus fondos. A lo largo de las últimas décadas, los cambios de gobierno estuvieron acompañados por giros en las políticas económicas, con períodos de controles cambiarios y de precios alternados con breves etapas de apertura.
En 2023, con una inflación que se encaminaba a superar el 200% anual, los votantes eligieron a Milei, un dirigente libertario que prometió reducir drásticamente el tamaño del Estado. Desde entonces, la inflación descendió de manera pronunciada, el presupuesto alcanzó el equilibrio, se eliminó la mayor parte de los controles de capital y las principales agencias calificadoras mejoraron la nota de la deuda argentina.
Sin embargo, la recuperación económica fue desigual y la creación de empleo quedó rezagada, especialmente fuera de los sectores energético y minero. La actividad cayó un 0,6% en el segundo trimestre de 2026 respecto del primero, mientras que la pobreza alcanzó el 32,3% durante la primera mitad del año. Aunque el indicador se mantuvo por debajo del 41,7% registrado en el segundo semestre de 2023, la desaceleración económica genera dudas sobre las posibilidades de reelección del Presidente.
En ese escenario, parte del mercado considera que los comicios de 2027 representan una apuesta decisiva sobre la continuidad del programa económico. La preocupación se refleja en las conversaciones con ejecutivos de empresas multinacionales, que identifican una eventual reelección de Milei como una condición importante para avanzar con nuevas inversiones.
Durante la primera mitad de su mandato, el Gobierno consiguió cumplir varias de las exigencias planteadas por los mercados: acordó un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, levantó la mayor parte de las restricciones cambiarias y obtuvo respaldo político en las elecciones legislativas de octubre de 2025. Pese a esos avances, la trayectoria de inestabilidad económica y los cambios de reglas todavía dificultan la llegada de inversiones extranjeras a actividades distintas de la energía y la minería.
El propio Milei suele atribuir parte de esa desconfianza al temor de un regreso del kirchnerismo, al que identifica con la expresión “kuka”. En una presentación en Nueva York a fines de septiembre, incluso responsabilizó a dirigentes opositores por el incremento reciente del riesgo país.
Sin embargo, la continuidad de las reformas podría depender de factores más amplios que el resultado electoral. La expansión de la minería y la energía, el interés de las provincias por atraer capitales extranjeros y una mayor aceptación de la disciplina fiscal en distintos sectores políticos podrían elevar el costo de revertir algunas de las políticas actuales.
Uno de los principales elementos es el crecimiento de la demanda internacional de recursos naturales argentinos. El desarrollo de Vaca Muerta y de los yacimientos de litio y cobre requiere inversiones sostenidas y podría generar ingresos de divisas durante los próximos años. En octubre, Milei destacó que la Argentina pasó de tener un déficit energético a registrar un superávit superior a los US$10.000 millones, lo que mejoró su capacidad para afrontar las necesidades de financiamiento.
Las provincias también tienen intereses económicos directos en esa expansión. Desde la reforma constitucional de 1994, son propietarias de los recursos naturales ubicados en sus territorios. Fernando Straface, de la Universidad Austral, observó que los inversores internacionales mantienen cada vez más reuniones directamente con los gobernadores para negociar acuerdos vinculados con esos recursos.
Las autoridades provinciales también tendrán un papel importante en la implementación del Corredor Andes-Atlántico, presentado por Washington y Buenos Aires en septiembre. El proyecto busca conectar Vaca Muerta y el noroeste argentino, rico en minerales, con los puertos del Atlántico.
Además, los gobernadores tienen una influencia considerable en el Senado y suelen utilizarla para defender los intereses productivos de sus provincias. En febrero, cuando la Cámara alta votó una modificación de la Ley de Glaciares promovida por distritos mineros, los senadores de esas jurisdicciones respaldaron la iniciativa pese a sus diferencias partidarias. Entre ellos hubo representantes peronistas de Catamarca y San Juan, pertenecientes al principal espacio opositor a Milei.
El respaldo a la inversión también quedó expuesto durante las presentaciones de Argentina Week 2026 en Nueva York y París, donde varios gobernadores, incluidos algunos peronistas, defendieron el rumbo económico del país. No obstante, todavía existen dudas sobre si ese consenso podría extenderse a sectores más sensibles políticamente, como la industria manufacturera, con fuerte presencia en provincias populosas como Buenos Aires.
La relación con Estados Unidos constituye otro factor que puede limitar un eventual cambio de rumbo. Los minerales críticos argentinos y la ubicación estratégica del país, cerca de la Antártida y de las rutas marítimas que conectan los océanos Atlántico y Pacífico, generan interés en Washington por preservar la estabilidad argentina y contener la influencia de China en la región.
Sin embargo, Milei vinculó estrechamente la relación bilateral con el presidente Donald Trump y el Partido Republicano. Los demócratas, por su parte, cuestionaron duramente la línea de canje por US$20.000 millones del año pasado. Si el equilibrio político estadounidense cambia después de las elecciones de 2028, el interés estratégico por la Argentina podría mantenerse, aunque no necesariamente el mismo nivel de respaldo político y financiero.
Otro elemento que podría condicionar a futuros gobiernos es el recuerdo de la crisis económica reciente. En 2023, el país estuvo cerca de una hiperinflación, una situación que contribuyó al triunfo electoral de Milei. Su legado podría ser una aceptación más extendida de la disciplina fiscal como condición para sostener la estabilidad.
La Libertad Avanza consiguió buenos resultados en las legislativas de 2025 pese a los fuertes recortes del gasto público y logró que el Senado aprobara un presupuesto equilibrado para 2026, aun sin contar con mayoría propia. Incluso dentro de la oposición, algunos sectores del peronismo moderado consideran necesario preservar el superávit fiscal.
De todos modos, el escenario electoral todavía puede generar turbulencias. El principal rival de Milei no necesariamente tendrá que ser kirchnerista ni peronista: un candidato que prometa mantener la política económica actual podría reducir considerablemente la incertidumbre. En cambio, el avance de una figura asociada con las políticas del pasado podría impulsar una dolarización de los ahorros de los argentinos y ventas de bonos por parte de inversores extranjeros.
Una salida de capitales de esa magnitud podría tener consecuencias duraderas, incluso si el próximo gobierno finalmente decide sostener las reformas. La presión sobre el peso podría reactivar la inflación y obligar al Banco Central a utilizar reservas o elevar las tasas de interés, con efectos negativos sobre el crédito y la inversión durante varios meses.
El calendario electoral también puede influir en la volatilidad. Si el Gobierno consigue suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), podría evitar una repetición de lo ocurrido en 2019, cuando el resultado de las primarias desencadenó turbulencias inmediatas en los mercados. Sin embargo, la incertidumbre quedaría concentrada en una única votación, prevista para octubre de 2027.
A eso se suman las elecciones provinciales que numerosos gobernadores convocarán antes de los comicios nacionales. Una sucesión de derrotas de los candidatos oficialistas, como ocurrió en septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires, podría generar inquietud entre los inversores mucho antes de la elección presidencial.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que la Argentina cuenta actualmente con mayores defensas financieras, entre ellas una cuenta corriente nuevamente superavitaria y un volumen más elevado de reservas brutas en el Banco Central. Además, Estados Unidos podría ofrecer asistencia si se produjera un episodio de volatilidad preelectoral. A comienzos de octubre, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, manifestó que Washington estaba dispuesto a evaluar ese respaldo, como había ocurrido antes de las legislativas argentinas de 2025.
Más allá de la coyuntura electoral, otro riesgo es que la estabilidad económica quede concentrada en unos pocos sectores y grandes proyectos de inversión. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece a las iniciativas que cumplen sus requisitos estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante períodos prolongados. Las empresas que quedan fuera del esquema, en cambio, continúan expuestas a impuestos elevados, cambios regulatorios e incertidumbre sobre la aplicación de las normas.
Para muchos inversores, uno de los principales atractivos del régimen es la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para resolver controversias fuera de los tribunales nacionales. Ezequiel Cassagne, profesor de Derecho Administrativo, señaló que esos mecanismos, junto con las garantías contractuales, elevan el costo de que un futuro gobierno incumpla sus compromisos.
Sin una expansión más amplia de la inversión y el empleo, no obstante, el respaldo a las reformas podría continuar concentrado en los sectores de recursos naturales y en los gobiernos provinciales interesados en atraer capitales. Para extender la confianza al conjunto de la economía, se necesitarían cambios institucionales adicionales, como un sistema judicial más previsible y eficiente y una reforma tributaria que reduzca las alícuotas y garantice estabilidad en las reglas.
También será importante cumplir con las obligaciones jurídicas internacionales. La Argentina avanzó en esa dirección con un acuerdo de US$171 millones alcanzado durante este año con los últimos acreedores que permanecían fuera de las reestructuraciones de la deuda soberana incumplida en 2001. Resolver los laudos arbitrales internacionales pendientes vinculados con inversores extranjeros sería otra señal de cumplimiento y podría contribuir a recuperar la confianza.
De cara a las elecciones de 2027, los inversores tendrán tres indicadores centrales para evaluar la continuidad del programa económico: la aparición de un candidato opositor creíble que defienda la disciplina fiscal y cuente con un equipo económico confiable; la permanencia del compromiso público de los gobernadores con la llegada de inversiones extranjeras; y la capacidad de la recuperación económica para generar empleo más allá de la minería y la energía.
Si esas condiciones se cumplen, el resultado electoral podría tener menos impacto sobre las decisiones de inversión del que actualmente anticipan los mercados.
