El conflicto también sumó cuestionamientos desde el ámbito político. Adrián Ravier, portavoz del Gobierno, pidió a los periodistas acreditados en la Casa Rosada que evitaran difundir información sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) y sobre una supuesta intención oficial de cerrar universidades. “Es todo un mito”, sostuvo. Sin embargo, el expediente judicial continúa avanzando y el magistrado resolvió aplicar sanciones económicas ante la falta de cumplimiento de las órdenes impartidas.
La primera etapa de la multa, conocida como *astreintes*, será de $100.000 diarios. Se trata de una sanción económica que busca forzar el cumplimiento de una resolución judicial. El juez también advirtió que podría modificar los montos e incluir a otras autoridades si la situación persiste. La medida alcanza a Santilli en su condición de titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El conflicto se originó con la sanción de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Después de que Milei la vetara mediante el decreto 647, el Congreso insistió con la norma y el Presidente debió promulgarla. Posteriormente, el Ejecutivo dictó el decreto 759, mediante el cual condicionó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento.
En una demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), Cormick declaró inconstitucional ese decreto. Según el magistrado, el Poder Ejecutivo había establecido un mecanismo para evitar la aplicación de una ley aprobada por el Congreso. Además, dictó una medida cautelar que ordenó actualizar los salarios docentes y no docentes y garantizar el cumplimiento de las becas estudiantiles.
El Gobierno apeló la decisión, pero la medida cautelar fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El caso también llegó a la Corte Suprema, que rechazó las recusaciones presentadas por el Ejecutivo contra los jueces intervinientes y desestimó sus planteos contra la cautelar.
Mientras tanto, las negociaciones entre el Gobierno y las universidades no lograron destrabar el conflicto. En una primera instancia, las partes alcanzaron un entendimiento preliminar que contemplaba un aumento salarial del 24,33%, distribuido en dos etapas. Sin embargo, las conversaciones se estancaron por las diferencias sobre el reconocimiento de los atrasos salariales acumulados desde el año anterior, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo.
A fines de septiembre, Cormick intimó en dos oportunidades al Ejecutivo para que cumpliera con la medida y advirtió sobre la posibilidad de aplicar multas diarias. La semana pasada, el magistrado concedió la apelación del Gobierno contra la declaración de inconstitucionalidad del decreto 759, pero mantuvo vigente la cautelar. Ante la continuidad del incumplimiento, el CIN solicitó que se hicieran efectivas las sanciones económicas, pedido que finalmente fue aceptado.
Desde el Gobierno anticiparon que apelarán la decisión. Por su parte, los sindicatos universitarios reclaman un aumento salarial del 34%. El CIN valoró la resolución judicial por individualizar la responsabilidad en un funcionario y no limitarla al Estado en términos generales. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo, consideró que la medida representa un avance, aunque reconoció que el proceso judicial sigue abierto.
En paralelo, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, presentó una denuncia penal contra Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por la gestión de los recursos destinados a las universidades. “Milei busca gobernar mediante decretos, ignorando leyes del Congreso y desobedeciendo a la Justicia cuando esto se opone a sus intereses”, afirmó. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.
La disputa se trasladará también a las calles. Desde las 10:30 de este jueves, agrupaciones estudiantiles y sindicatos se concentrarán cerca del Congreso para protestar contra los recortes al financiamiento universitario y sumar otros reclamos sociales.
En las últimas horas, integrantes del oficialismo también cuestionaron a Cormick en redes sociales y lo acusaron de mantener afinidad con determinados sectores políticos. No obstante, la medida cautelar que dispuso continúa vigente tras haber sido revisada por instancias judiciales superiores, mientras el conflicto entre el Gobierno y las universidades sigue sin una solución definitiva.
