De acuerdo con el último relevamiento sobre el estado de la red vial, el 57% de las rutas se encuentra en condiciones regulares o malas. Además, en los últimos tres años aumentó la proporción de tramos considerados en mal estado, del 23% al 31,8%, mientras que los que presentan condiciones buenas disminuyeron del 55% al 42,4%.
En este contexto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, avanzaron con el traspaso de la gestión de distintos tramos de rutas nacionales a la provincia de San Juan. El gobernador Marcelo Orrego tendrá a su cargo durante 20 años el financiamiento, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además del Nudo Vial de las rutas 40 y 41.
El Gobierno busca extender este esquema a otras jurisdicciones. Un mecanismo similar ya fue aplicado en Santa Fe con la ruta nacional A012 y la próxima transferencia está prevista para Catamarca.
Mientras se instrumentan estos acuerdos, la Justicia ordenó al Estado nacional realizar reparaciones en otras rutas. El juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa hizo lugar a un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y dispuso que la Dirección Nacional de Vialidad ejecute obras inmediatas en las rutas nacionales 7, 8 y 33, en el departamento General López, en el sur de Santa Fe.
La decisión judicial consideró las condiciones de esas vías y el riesgo que representan para la seguridad de quienes las utilizan. La ruta 33, además, constituye una conexión relevante con los puertos de Rosario y cuenta con antecedentes de financiamiento para obras de infraestructura.
Los reclamos se producen mientras el Gobierno mantiene una política de fuerte reducción del gasto público. Según estimaciones sobre la ejecución presupuestaria, las partidas vinculadas con la inversión pública registraron caídas de entre el 77% y el 100%.
En julio, la ejecución correspondiente a la Dirección Nacional de Vialidad cayó un 83% respecto del mismo mes del año anterior. También se registraron disminuciones en organismos vinculados al transporte y la infraestructura aeroportuaria. La inversión destinada a infraestructura municipal, nuevas rutas y trabajos de pavimentación tuvo una reducción del 96%.
La situación también genera preocupación frente a la posibilidad de un período de lluvias intensas asociado al fenómeno de El Niño. En ese contexto, la ejecución presupuestaria correspondiente a infraestructura hídrica registró una caída del 85%.
Otro de los puntos de discusión está relacionado con los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles. Según estimaciones sobre el destino de esos fondos, durante el período analizado solo se ejecutó el 33% de lo recaudado, lo que implica que podrían haberse destinado aproximadamente $1,3 billones adicionales a obras de infraestructura.
La administración nacional sostiene que los recursos que no son ejecutados forman parte del resultado general de las cuentas públicas y contribuyen al cumplimiento de las metas fiscales.
También quedó bajo análisis el destino de los recursos del fideicomiso SisVial. Se detectó que más de $1 billón se encontraba colocado en instrumentos financieros, mientras que otros $37.000 millones permanecían inmovilizados.
Desde la oposición cuestionaron el manejo de estos recursos. El exfuncionario Guillermo Michel sostuvo que el Ministerio de Economía desvió $1,1 billones del fideicomiso y afirmó que durante dos años el Palacio de Hacienda retuvo $122.530 millones que debían ser transferidos a las provincias.
Por su parte, la exministra Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal que involucra al Ministerio de Economía, a la Dirección Nacional de Vialidad y al Banco Nación por un supuesto desvío de fondos.
El Gobierno, mientras tanto, continúa con el esquema de transferencia de responsabilidades sobre rutas nacionales a las provincias, en paralelo con la reducción de la ejecución presupuestaria en infraestructura y los reclamos judiciales para garantizar obras de mantenimiento en distintos corredores viales.
