Ambas partes coinciden en la necesidad de renegociar el contrato, pero mantienen posiciones diferentes sobre el estado de las conversaciones y las condiciones para extender la concesión.
Mientras Aeropuertos Argentina considera que las negociaciones están prácticamente paralizadas, el Gobierno sostiene que el proceso se encuentra bajo análisis y advierte que podría aplicar sanciones o incluso avanzar hacia la finalización del contrato si no se cumplen las inversiones previstas.
El plan contempla inversiones superiores a los 600 millones de dólares destinadas a obras de infraestructura aeroportuaria.
Desde el Gobierno señalaron que el expediente está siendo analizado de manera conjunta por el ORSNA y la Secretaría de Transporte y rechazaron que el proceso se encuentre archivado o sin tratamiento.
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el plazo de la concesión. El precontrato contempla una extensión hasta 2056, con la posibilidad de agregar otros 10 años.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que una extensión no puede otorgarse automáticamente y que cada año adicional debe contar con una justificación. Según la posición oficial, la ampliación del plazo debería estar vinculada con la necesidad de compensar desequilibrios reconocidos o con nuevas inversiones que deba realizar la concesionaria.
La rentabilidad también constituye uno de los principales puntos de diferencia. Actualmente, la tasa considerada en el esquema contractual es del 16,45%, un nivel que el Gobierno considera elevado.
Aeropuertos Argentina, en cambio, sostiene que ese porcentaje no resulta suficiente para garantizar el equilibrio económico de la concesión y plantea la necesidad de una tasa superior.
Desde el oficialismo todavía no establecieron públicamente cuál sería el nivel considerado razonable y cuestionan que los cálculos de rentabilidad estén basados en condiciones económicas correspondientes a períodos anteriores.
Otro de los aspectos que preocupa al Gobierno es el impacto que podría tener una eventual suba de las tasas aeroportuarias. La administración de Javier Milei busca evitar un incremento que pueda trasladarse al precio de los pasajes y reducir la cantidad de pasajeros transportados.
En paralelo, el cumplimiento del programa de inversiones constituye otro punto central de la negociación. Aeropuertos Argentina sostiene que la falta de acuerdo pone en riesgo las obras previstas, mientras que el Gobierno advierte que el incumplimiento de esas inversiones podría derivar en sanciones e incluso en una terminación anticipada del contrato.
La preocupación oficial está vinculada con el posible deterioro de la infraestructura aeroportuaria y su impacto sobre la competitividad del sistema.
También existen diferencias respecto de los tiempos para alcanzar una definición. Aeropuertos Argentina estima que el proceso podría resolverse hacia fin de año, mientras que el Gobierno pretende alcanzar un acuerdo antes de ese momento.
Desde la administración nacional sostienen que existe voluntad de concluir la renegociación, aunque remarcan que el acuerdo deberá contemplar las condiciones que el Estado considere necesarias para garantizar las inversiones, la infraestructura y el funcionamiento del sistema aeroportuario.
