Con esta propuesta, el oficialismo pretende reactivar la agenda legislativa mientras se estancan las conversaciones con los bloques de oposición sobre la eliminación de las elecciones primarias (PASO) y la inclusión de colectoras en la Boleta Única de Papel (BUP).
El temario fue consensuado el pasado martes con la líder del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y otros jefes de bloque durante la última reunión de Labor Parlamentaria, que tuvo como anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Además de este proyecto, la Cámara alta abordará los ascensos del personal de la Cancillería y varios pliegos vinculados al Poder Judicial.
La agenda también contempla una iniciativa de la senadora Beatriz Ávila, del bloque Independencia, que busca declarar a San Miguel de Tucumán como la capital de la República cada 9 de julio.
Con el compromiso de los bloques de asegurar el quórum para la sesión, los presidentes de bancada también definieron la planificación para después del receso invernal. En este contexto, se acordó llevar a cabo una nueva sesión el 6 de agosto para discutir el proyecto de ley Hojarasca, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone la derogación de legislación considerada obsoleta y que ya obtuvo media sanción de Diputados.
Para esa misma fecha, se espera incluir el proyecto sobre Falsas Denuncias, promovido por la senadora radical Carolina Losada, así como el de Salud Mental, que aún no ha recibido dictamen y sigue en consideración en las comisiones de Legislación General y Salud Pública.
Esta última iniciativa introduce modificaciones en la propuesta original del Gobierno, que contemplaba eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros adquirieran tierras rurales. El dictamen final establece que, respecto a inmuebles en zonas de frontera, las operaciones requerirán dos aprobaciones: una de la provincia correspondiente y otra del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto también modifica la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. Su dictamen fue obtenido en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, dirigidas por los diputados libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. Sin embargo, fuentes del ámbito parlamentario no descartan que el texto sea revisado nuevamente antes de su discusión en el recinto este jueves.
Entre los aspectos más destacados se encuentra la introducción de los llamados “desalojos exprés” en casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La reforma otorga al juez la facultad de ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho alegado por el propietario sea creíble y éste presente una caución juratoria.
Este procedimiento también se añade al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, permitiendo al magistrado exigir, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario demuestre, mediante documentación, su titularidad sobre el terreno, la vivienda o el campo en cuestión.
En el ámbito ambiental, la iniciativa deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por el diputado Máximo Kirchner en 2020, que prohibía la modificación del uso de superficies rurales incendiadas durante un período de 30 años en zonas agropecuarias y áreas adyacentes. Desde el oficialismo argumentan que dicha restricción ha impactado negativamente en la producción.
La senadora Ávila ha avanzado con su proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital de la República Argentina en carácter simbólico cada 9 de julio. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la legisladora de Convicción Federal Sandra Mendoza, obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Educación y Cultura y será sometida a votación en el recinto este jueves.
El proyecto consta de dos artículos: el primero establece que San Miguel de Tucumán será la “Capital de la República Argentina” todos los 9 de julio, mientras que el segundo determina que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia se llevarán a cabo en esa ciudad.
Esta propuesta revive el espíritu del decreto 81, firmado por el expresidente Carlos Menem en 1991, que designaba a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio. La diferencia radica en que esta iniciativa busca otorgarle rango de ley a esa declaración.
En sus fundamentos, Ávila argumenta que la ciudad “ocupa un lugar central en la historia institucional de nuestro país” por haber sido sede del Congreso que, el 9 de julio de 1816, declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Asimismo, destaca que en la Casa Histórica de Tucumán, los congresales proclamaron “solemnemente a la faz de la tierra” su voluntad de desvincularse de la Corona española y conformar una nación libre e independiente.
