A pesar de que Argentina sigue adelante con el proceso de anulación del fallo, este aún está pendiente de resolución. En este contexto, el país había solicitado al Comité la prolongación de la suspensión para evitar la ejecución del fallo, argumentando que dicha medida sería favorable para sus intereses.
Sin embargo, el tribunal de árbitros no consideró suficientes los argumentos presentados por la defensa argentina y optó por rechazar la solicitud.
La noticia fue revelada este lunes por el analista financiero Sebastián Maril, experto en litigios internacionales en contra del Estado argentino. En su cuenta de X, Maril indicó que la decisión “es ejecutable de inmediato” y añadió: “Cabe esperar que en breve comiencen acciones de ejecución en múltiples jurisdicciones por este caso”.
Fuentes de la Procuración del Tesoro Nacional aclararon la situación, sugiriendo que la certeza sobre la inmediatez de la ejecución podría ser prematura. Aseguraron que el procedimiento de anulación todavía está en curso y que se aguarda la presentación de los memoriales de las partes. Posteriormente, se celebrará una audiencia, cuya fecha será determinada por el Comité de Anulación, posiblemente en el primer semestre del próximo año.
El litigio se inició a raíz de la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria y las decisiones adoptadas durante la crisis de 2001, que resultaron en la disolución de la concesionaria Puentes del Litoral S.A., abriendo la puerta a un arbitraje internacional por parte de la empresa inversora.
En abril de 2025, el tribunal falló a favor de Webuild, obligando a Argentina a abonar US$152,6 millones en concepto de indemnización y costas. Posteriormente, el 23 de septiembre de 2025, el CIADI aceptó el pedido de rectificación del laudo presentado por Argentina, ajustando el monto de indemnización del fallo original en un 20%, dejándolo en US$29.406.207.
La defensa del Estado argentino en este juicio estuvo a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, organismo que representa los intereses del país en litigios internacionales de esta índole.
La posibilidad de que se ejecute el laudo del CIADI inmediatamente, a pesar de que la anulación esté aún en proceso, sienta un precedente significativo para otros juicios que Argentina mantiene abiertos ante el organismo.
En los últimos años, el país ha acumulado una serie de reclamos multimillonarios de empresas extranjeras, muchos de los cuales han derivado en litigios en diversas jurisdicciones para intentar cobrar las sumas adeudadas.
Estos casos frecuentemente llevan a la búsqueda de activos del Estado argentino en el exterior, tal como ha sucedido en litigios anteriores, donde los demandantes han buscado embargar bienes o cuentas relacionadas con el país.
