Entre las figuras más mencionadas figuran Julio Villamonte, Diego Chaher, Maximiliano Voss y Felipe Nuñez. Se han registrado renuncias importantes en silencio, nombramientos llamativos, decisiones arbitrarias que transgreden el reglamento interno y la negativa de los peritos del Banco Nación y del Banco Central a realizar tasaciones. Asimismo, se han creado áreas nuevas específicas para este propósito, se han evidenciado subvaluaciones a precios de remate y se han favorecido a grupos económicos cercanos al poder, todo mientras se mantienen contratos bajo estricta confidencialidad. Este panorama podría dejar una impronta significativa en la gestión de Milei y, aparentemente, tendrá repercusiones judiciales más allá de su mandato actual.
El gobierno nacional dio el primer paso al anunciar, para el año 2024, la privatización de Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas de Comahue. Hasta este momento, solo se ha podido avanzar en la privatización de Transener y de las centrales hidroeléctricas, gracias al rol otorgado, de manera inusual, al BICE, que opera bajo la supervisión del ministro Luis Caputo. Sin embargo, las novedades judiciales no han sido favorables en el caso de Intercargo, ya que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 aceptó a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) como querellante y solicitó al Ministerio de Economía toda la información referente a la privatización de Intercargo, debido a la falta de transparencia en la tasación realizada por el BICE y su nueva unidad de valuaciones.
La puerta a las irregularidades en las tasaciones fue abierta por el presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Roberto Villamonte, quien decidió unilateralmente que el Tribunal no participaría en el proceso, excluyendo así a sus colegas. La responsabilidad recayó en el BICE, que, de manera apresurada, constituyó una Unidad Valuadora. Villamonte fue designado en su cargo por Federico Sturzenegger, y anteriormente cumplió funciones similares durante la presidencia de Mauricio Macri.
Expertos con conocimiento del BICE subrayan un aspecto crítico: al optar por que el BICE realizara las tasaciones, se produjo una serie de renuncias significativas junto con el nombramiento de Voss como nuevo presidente y de directores, con Felipe Nuñez a la cabeza. Voss tiene antecedentes como funcionario en la municipalidad de San Antonio de Areco y en la Ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Aníbal Ibarra, además de contar con lazos familiares cercanos a Luis Caputo.
Documentos del Boletín Oficial indican que Maximiliano Voss tiene participación en al menos cuatro empresas. Algunas de ellas fueron previamente propiedad de Francisco De Narváez, y sus socios actuales cuentan con conexiones en otras compañías vinculadas a Rogelio Pagano.
La secuencia avanza: en 2025, a pedido de Caputo, se conformó la Unidad de Valuaciones en el BICE. Villamonte, al excluir al Tribunal de Tasaciones, siguió sugerencias de un equipo gubernamental. Así, el BICE asumió las tasaciones de las centrales hidroeléctricas, Transener, AySA e Intercargo. La privatización de Nucleoeléctrica se presenta como un desafío, especialmente tras la polémica salida de Demian Reidel.
Las centrales hidroeléctricas fueron hasta ahora privatizadas, comunicándose oficialmente el 29 de diciembre del año pasado. La empresa Edison, de los hermanos Juan y Patricio Neuss, se quedó con dos de las plantas. La fundación Soberanía de Neuquén presentó una denuncia en la justicia, argumentando que Villamonte se abstuvo de ejecutar la tasación solicitada; el Tribunal, citado como instancia competente, delegó la tarea en bancos que tampoco llevaron a cabo el análisis. La denuncia legal sugiere que las hidroeléctricas se vendieron sin un precio oficial de tasación. Se solicitaron los contratos, sin éxito, lo que podría convertir el progreso de la APA en el caso de Intercargo en un referente para futuras denuncias.
La privatización de Transener también ha tenido un recorrido problemático. Edison adquirió la participación estatal en Citelec, en un trato que según el gobierno alcanzó los 356 millones de dólares, contradiciendo una estimación previa que preveía 205 millones. El proceso estuvo marcado por incidencias irregulares, como la falla en la plataforma oficial de contratación durante la presentación de ofertas.
Intercargo, cuya privatización fue cuestionada por la APA, enfrenta denuncias de irregularidades en la tasación del BICE, que incluyen subestimaciones y falta de transparencia. A pesar de su sólida trayectoria en el servicio aeroportuario, el sindicato aduce que las valuaciones realizadas carecen de imparcialidad y competencia técnica. Las fuentes del sector sostuvo que el Banco Nación y el Banco Central se negaron a realizar las tasaciones por las presiones evidentes para subvalorar a la empresa.
Detrás de esta serie de movimientos está la creación de una nueva Unidad en el seno del BICE, que se decidió en el marco de un cambio administrativo. La confidencialidad que rodea la tasación se justifica por el argumento de preservar un supuesto secreto financiero, un patrón que también se encuentra en las privatizaciones de las hidroeléctricas.
Diego Chaher, quien tiene experiencia en las administraciones de Macri, juega un papel importante aquí debido a las cláusulas de confidencialidad en la propuesta del BICE. Esta resolución reserva la documentación oficial concerniente a las tasaciones, lo que plantea un desafío para mantener la transparencia en el proceso.
Durante una presentación en el Congreso, Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete, reconoció que Intercargo poseía activos superiores a los que se establecieron como precio base. Mientras que la consideración inicial fue de 45 millones de dólares, la evaluación efectiva podría ascender a alrededor de 93 millones, considerando contratos y activos no contabilizados.
El Grupo Eurnekian, mencionado entre los potenciales interesados, podría representar un caso de monopolio a menos que opere mediante un tercer intermediario, y la familia controla actualmente aspectos fundamentales del servicio. La situación se complica con advertencias legales que podrían disuadir la participación de nuevos interesados.
Con respecto a Nucleoeléctrica, fuentes vinculado a la compañía han alegado que el tribunal se desvinculó de su deber de tasación, dirigiendo el proceso hacia el Banco Nación y el BICE, lo que podría contravenir normativas vigentes. Las estimaciones actuales del valor de Nucleoeléctrica fluctúan entre 10 y 11 mil millones de dólares, mientras el gobierno busca vender su participación del 44% por apenas 1.000 millones, lo cual ha generado un amplio debate sobre la correcta evaluación de estos activos.
El propio Tribunal había establecido previamente que la valuación de las instalaciones eléctricas debía ser realizada por especialistas, algo que se pone en entredicho en el actual contexto de privatizaciones. En cuanto a Nucleoeléctrica, también surge el interés del grupo familiar de los Neuss, colocando en el centro del debate la transparencia y la equidad de los procesos de privatización en curso.
